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Históricamente, las mujeres han estado subrepresentadas en el ámbito político, a pesar de conformar la mitad de la población. Para el 1 de enero de 2023, de acuerdo con el Women in Politics Map de la ONU, solo 17 mujeres ocupaban jefaturas de Estado (de 151 países) y 19 eran jefas de gobierno (de 193). Además, apenas el 22.8% de las carteras ministeriales estaban encabezadas por mujeres.
Sin embargo, en las últimas décadas esta situación empezó a cambiar, en parte gracias a la implementación de acciones afirmativas en distintas regiones del mundo. En México, la reforma constitucional de 2014, junto con modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, han dado paso a una representación más equitativa. Hoy, el país cuenta con paridad en ambas cámaras del Congreso y un número creciente de gobernadoras y presidentas municipales.
Este avance ha abierto una pregunta de suma relevancia: ¿gobiernan distinto las mujeres? ¿Toman decisiones de política pública diferentes a las de sus homólogos hombres? Y en particular, ¿estas decisiones benefician de manera preferente a las mujeres?
La respuesta no es obvia. Para que las mujeres implementen políticas públicas distintas, es necesario que tengan prioridades diferentes y que el contexto político y las preferencias ciudadanas se los permitan. Ningún gobernante, hombre o mujer, impulsará una agenda alejada del consenso de los electores si anticipa un alto costo político.
Ante esta incertidumbre, es necesario mirar los datos. En el caso de los municipios mexicanos, el número de mujeres al frente de municipios ha crecido significativamente desde la reforma de 2014. En el año 2000, solo el 3.5% de las presidencias municipales estaban ocupadas por mujeres; para 2015, esa cifra había alcanzado el 10%, y en 2023, llegó al 26%.
Un análisis detallado con información de 2013 a 2020 muestra que la proporción de mujeres en presidencias municipales fue similar en los partidos PAN, PRI y PRD (alrededor del 20%), mientras que en partidos pequeños fue menor. Llama la atención que en municipios regidos por usos y costumbres, apenas el 4% de las personas encargadas del cabildo fueron mujeres.
Otro hallazgo relevante es que las mujeres son electas con mayor frecuencia en municipios con mejores condiciones socioeconómicas. En promedio, el porcentaje de personas en situación de pobreza en municipios gobernados por mujeres es seis puntos porcentuales menor que en aquellos gobernados por hombres. Esta diferencia también se observa en pobreza extrema y en las carencias relacionadas con la calidad y servicios de la vivienda.
En términos del uso del presupuesto público, los datos relevan que las presidentas municipales, una vez controlando por las características de los municipios, destinan en promedio un poco más de recursos (1.5 puntos porcentuales del presupuesto total o 3.4 millones de pesos de 2020) al gasto corriente y a subsidios y transferencias que los hombres. Dado que los programas sociales se suelen clasificar en el rubro de subsidios y transferencias y que gran parte de los recursos destinados a los servicios públicos son gasto corriente, los resultados sugieren que las mujeres prefieren gastar más recursos, pero sólo un poco más como ya se mencionó, que los hombres en programas sociales y en servicios públicos.
Asimismo, el análisis del gasto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) muestra que las presidentas municipales destinan en promedio más dinero público que los hombres a proyectos relacionados con la vivienda (3% de los recursos del FAIS o 1.2 millones de pesos de 2020) y, que este mayor gasto es a costa de dedicar un poco menos recursos a todo el resto de los posibles tipos de proyectos permitidos por la ley (agua, educación, salud, asistencia, transporte, urbanización) y no necesariamente menos a uno o dos tipos de proyectos en específico. Lo anterior indica que si hay una marcada diferencia en proyectos sobre vivienda, pero no en proyectos para agua, educación y salud, áreas que también, usualmente se piensa, son más importante para las mujeres.
En conclusión, los datos sugieren que las diferencias en el uso de los recursos públicos entre mujeres y hombres son sutiles. La pregunta que queda abierta es si esta similitud obedece a que las mujeres no tienen prioridades y preferencias sustancialmente distintas, o si, en cambio, las restricciones presupuestales y políticas de los gobiernos locales limitan su capacidad para ejercer un liderazgo diferenciado. Con relación a este último punto, muchas decisiones fiscales municipales en México, como las reglas del impuesto predial o la aprobación del presupuesto, dependen de la autorización de los congresos estatales, lo que suele convertirse en un obstáculo para impulsar cambios profundos a nivel local. A esto se suma la alta dependencia financiera de los municipios respecto a las transferencias federales. En promedio, estas aportaciones representan alrededor del 80% de sus ingresos totales, porcentaje que puede alcanzar hasta el 95% en municipios pequeños o con alto grado de marginación, limitando así su margen de acción para desarrollar políticas públicas propias.
En el plano internacional, la evidencia a nivel municipal o de ciudad también es mixta. En países como India y Brasil se ha observado que las mujeres en el poder toman decisiones distintas a las de los hombres —por ejemplo, en Brasil, invierten más en educación, salud y asistencia social—. No obstante, estudios realizados en Estados Unidos, Italia y España no han encontrado diferencias significativas en indicadores como el tamaño del gobierno, la composición del gasto público, el empleo o la criminalidad.
Lo que sí parece claro es que las mujeres en el poder tienen un impacto positivo en la representación futura: su presencia incrementa la probabilidad de que más mujeres participen en la política y promueve el empoderamiento femenino en general.