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Debido a que más del 70% de las armas decomisadas en México tienen alguna relación con crímenes violentos en el país y proceden ilegalmente desde Estados, Unidos, urge se refuercen las acciones en la frontera común entre ambas naciones para frenar esta problema que no se ha contenido.
Alejando Celorio Alcántara, exconsultor jurídico del Gobierno de México y miembro del Servicio Exterior Mexicano, al hablar sobre esta situación, expuso que a México llegan de forma ilegal 250 mil armas al año que se encuentran en manos de civiles vinculados con grupos del crimen organiuzado; si no existiera la ley placa en Estados Unidos -la cual otorga inmunidades judiciales jurisdiccionales a esa industria-, México sería más seguro.
Los datos duros de las armas ilegales en el país
Por su parte, Lourdes Marleck Ríos Nava, catedrática de la facultad de Derecho de la UNAM y directora del Seminario de Derecho Internacional, subrayó que en cifras concretas, en nuestro país hay más de 4.5 millones de armas provenientes de EU, entre ellas AR15 calibre .50; ametralladoras Browning calibre .50; lanzacohetes; fusiles AK-47; o lanza granadas y granadas, que son de uso exclusivo del Ejército.
Además, refirió que 17 millones de çestas están en manos de civiles y tan solo en 2019 su venta se incrementó 35%; las armas incautadas provienen de Estados Unidos, mientras que el 30% restante llega a México de Brasil, Alemania y República Checa.
En la misma línea se expresó la directora de la Facultad de Derecho (FD) de la Máxima Casa de Estudios, Sonia Venegas Álvarez, quien recordó que esta situación ha fortalecido las estructuras criminales, exacerbado la tasa de homicidios, convirtiendo a ciertas regiones de nuestra nación en zonas donde la violencia se normaliza, minando el tejido social y la vida cotidiana de la población.
Detrás de cada arma de fuego que cruza ilegalmente la frontera de Estados Unidos hacia México “hay historias de dolor, injusticia y vidas truncadas que nos llaman a la acción como juristas, como académicos y también como seres humanos. La Universidad no puede ser indiferente ante los desafíos de su tiempo”.
En este sentido, recordó que un hecho sin precedente en la historia del derecho internacional fue la decisión del gobierno de nuestro país -en la pasada administración-, de entablar litigios contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas de fuego en Estados Unidos.
Enfatizó la relevancia de tal decisión, debido a que, argumentó, no es fácil demandar a una industria poderosa para cerrar la llave de las armas, y el que “tuvo el valor fue el gobierno mexicano en el periodo anterior”, a través de una querella civil por daños en la que el gobierno mexicano se presenta como persona afectada, pero no contra el gobierno de Estados Unidos, ni de los estadounidenses, tampoco es una controversia constitucional.
“Por primera vez en la historia de Estados Unidos un gobierno extranjero demanda a la industria de las armas. Nos metimos a un tema crucial contra 10 empresas, pero desistimos de dos de ellas con oficinas centrales en Austria (Glock) e Italia (Beretta). El reto fue superar la ley de inmunidades vía la no extraterritorialidad de una ley estadounidense y una de no inmunidad”, resaltó.
Recordó que en octubre de 2023 México solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual permitió al gobierno mexicano armar una narrativa política contra Estados Unidos, en la que se especificó que no se acusaba al gobierno de aquel país, sino que se le brindaba la información para que tomara medidas al respecto, esfuerzo que calificó de histórico “porque México siempre ha recurrido al derecho internacional, pues es la mejor arma que tenemos”.
Frente a este panorama, José Guadalupe Medina Romero, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM dijo que “la Suprema Corte de Estados Unidos tiene en sus manos el futuro de este caso y la posibilidad de abrir una nueva etapa en la lucha contra la violencia armada internacional”.
Reiteró que enfrentamos un flujo constante y alarmante de estas en función también de lo que ha sido una mecánica de adquisición en Estados Unidos, las famosas “compras de paja”, es decir, aquellas que se realizan mediante un tercero, el contrabando a través de la frontera por vehículos que no tienen una revisión correspondiente y su venta por plataformas digitales no reguladas.