BúsquedaA 30 años del llamado aquel error de diciembre de 1994 que derivó en crear el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para que los mexicanos asumieran el rescate bancario, hoy, esa deuda pública supera en su costo los 1.25 billones de pesos, expuso Alfonso Ramírez Cuéllar en una transmisión por Facebook Live.
El vicecoordinador de los diputados de Morena compartió un análisis de lo que significa ese error, que él llama ‘horror económico’, el mayor saqueo financiero en la historia moderna de México, dijo.
“La decisión de convertir deudas privadas de grandes empresarios en deuda pública, avalada por el PRI, el PAN y el expresidente Ernesto Zedillo, representó una traición al pueblo de México. Se trató de un crimen de Estado cuyas secuelas aún persisten: pérdida de patrimonio para millones de familias, destrucción de sectores productivos y un crecimiento acelerado de la pobreza”, indicó al hacer un llamado enérgico a la memoria y la justicia.
Ramírez Cuéllar recordó que, ante el colapso financiero, surgieron dos grandes movimientos sociales. Uno liderado por Eduardo Bours, que representaba a empresarios con grandes pasivos, y otro integrado por pequeños empresarios, transportistas, agricultores, profesionistas y familias endeudadas, al que él perteneció. “Fue una rebelión de la clase media, una exigencia masiva de justicia financiera”, rememoró.
El legislador insistió en que el costo total del rescate bancario asciende a más de 1.3 billones de pesos pagados con recursos públicos, y que todavía persiste una deuda superior a 1.25 billones de pesos, la cual sigue drenando el presupuesto nacional.
Añadió que los recursos destinados anualmente al pago de intereses han limitado gravemente la inversión en áreas estratégicas como salud, educación, ciencia y desarrollo social.
Dijo que él en ese tiempo también era diputado, en los 90, y se opuso firmemente al Fobaproa. Aseguró que criticó duramente al PAN por haber traicionado su postura original contra el rescate bancario, al aliarse finalmente con el PRI para aprobar en 1998 la Ley del IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario), legitimando así la transferencia de pagarés sin respaldo legal por más de 552 mil millones de pesos.
El líder parlamentario cuestionó que nunca se haya realizado una auditoría completa ni transparente sobre el caso, y señaló que instituciones como la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria ocultaron información clave.
“Muchas de las grandes fortunas que hoy concentran poder económico en México nacieron al amparo de este saqueo, con total impunidad”.
Aunque reconoció que en la actual administración se ha reducido el monto presupuestal destinado al pago de esta deuda, redireccionando recursos al campo, la salud y otros sectores prioritarios, subrayó que el daño estructural sigue vigente y que sin justicia, no hay reparación posible.
Ramírez Cuéllar concluyó con un llamado firme a reabrir el caso y sancionar a los responsables: Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Guillermo Ortiz y otros funcionarios de alto nivel que, dijo, “actuaron con total opacidad y complicidad política”.
“En otros países, abusos de esta magnitud terminan con juicios, embargos y cárcel. En México, sólo hubo silencio y privilegios”.