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La ofensiva antimigratoria de la administración Trump ha entrado en una nueva fase: ahora, cruzar la frontera hacia Estados Unidos puede ser considerado no solo una falta migratoria, sino un delito federal por invadir instalaciones militares.
Bajo la figura de “zonas nacionales de defensa”, el Pentágono ha tomado el control de franjas fronterizas en Nuevo México y el oeste de Texas, transformándolas en áreas restringidas bajo jurisdicción militar.
Cualquier persona que ponga un pie en ese terreno —en su mayoría migrantes en tránsito— enfrenta cargos criminales dobles: entrada ilegal al país y violación de un área militar.
Militarizar la frontera, criminalizar la migración
La medida, anunciada en abril por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una visita a Nuevo México, se enmarca en el objetivo declarado de Donald Trump: alcanzar un control operativo “del 100%” de la frontera.
Desde entonces, más de 200 migrantes han sido acusados formalmente bajo esta nueva modalidad legal. Algunos enfrentan incluso un tercer cargo adicional. La mayoría de ellos, según abogados defensores, no tenía forma de saber que estaban pisando lo que ahora se considera una zona militar cerrada al público.
“Estas personas simplemente no sabían que estaban cometiendo este nuevo delito”, denunció la abogada Rosanne Camunez, mientras una veintena de acusados eran presentados ante un tribunal en Las Cruces.
Camunez y otros defensores públicos critican que los carteles de advertencia, supuestamente colocados por el Gobierno en inglés y español, no son visibles en muchas áreas del desierto y que la acusación viola el principio básico del derecho penal: el conocimiento e intención de delinquir.
Jueces también expresan dudas
La naturaleza inédita de los cargos ha generado confusión incluso entre jueces. Gregory B. Wormuth, magistrado jefe en Nuevo México, emitió una orden la semana pasada pidiendo al Departamento de Justicia que aclare en qué se basa jurídicamente la acusación de invasión de propiedad militar.
En su escrito, Wormuth se pregunta si para condenar a alguien por este delito se requiere demostrar que el acusado sabía que el terreno era una zona militar y aun así decidió entrar.
“El escaso precedente jurídico en este tipo de casos, sumado al carácter sin precedentes de las circunstancias, deja al tribunal sin claridad sobre los estándares legales aplicables”, escribió Wormuth, poniendo en entredicho la legalidad de todo el operativo.
Laboratorio legal contra indocumentados
Pero para la Fiscalía federal, no hay lugar a dudas. En una declaración pública, el fiscal Ryan Ellison aseguró que su oficina “procesará agresivamente” todos los casos bajo esta figura. “Quienes ingresen a la Zona Nacional de Defensa serán procesados federalmente —sin excepciones—”, afirmó, describiendo la estrategia como “el primer uso a gran escala de un nuevo estatuto penal” contra la inmigración indocumentada.
Mientras tanto, en el terreno, los migrantes siguen llegando sin saber que el suelo que pisan se ha convertido en una trampa legal. Lo que para muchos es una huida desesperada, para el Gobierno de Trump es una violación al orden militar.