Búsqueda
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que jueces han beneficiado a integrantes de cárteles y grupos criminales, al otorgarles pronta salida de reclusorios, cambios en medidas cautelares, traslados y egresos definitivos, lo que representa que más de 100 criminales dejaron las cárceles y transitan libremente por el país.
El jefe de seguridad federal calificó como una situación alarmante que durante el periodo entre el 2024 y 2025, autoridades judiciales, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, se han puesto del lado de quienes las agreden.
Detalló que se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos.
Derivado de esas sentencias, se han derivado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos salidas de cárceles de manera definitiva; “lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles”, advirtió García Harfuch.
Además, abundó, de 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios, sin que se cumpliera con las formalidades del proceso, esto a pesar de que las áreas de Prevención y Reinserción Social de la SSPC consideró inviables los traslados, dado que los presuntos criminales se encuentran encarcelados por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, así como diversos delitos de alto impacto.
“La mayoría de estos sujetos requerían medidas de seguridad específicas que no fueron tomadas en cuenta para sus traslados a penales de mínima seguridad”, acusó.
Específicamente, evidenció, el juez Gregorio Salazar Hernández adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ha resuelto medidas que han facilitado la liberación de personas procesadas por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción.
El caso más reciente ocurrió el pasado 24 de abril, con el egreso de Gerardo Ponce Alanís, identificado como uno de los líderes del Cártel del Pacífico, quien fue trasladado al Centro Estatal de Aguaruto, Sinaloa, para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva.
En dicho penal, el pasado cinco de mayo, la Secretaría de Seguridad de Aguascalientes, junto a la Guardia Nacional realizó un operativo, donde se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, cuchillos, drogas y dinero en efectivo.
García Harfuch complementó que otra de las malas prácticas del juez Salazar Hernández quedó expuesta cuando enero del 2023 dictó la liberación de Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.
También, en marzo del 2024, la autoridad judicial dictó auto de no vinculación a proceso a Juan Enrique “N”, alias “La Pingua”, operador del Cártel del Golfo, facción de “Los Escorpiones”.
Por igual, en noviembre del 2024 revocó la medida cautelar de prisión preventiva de José Alfredo “N”, alias “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas, y anuló el encarcelamiento de Eduardo Alejandro “N”, vinculado con otros delitos.
En cuanto a los 18 juzgadores que han favorecido a los criminales con 27 traslados, García Harfuch expuso que destaca Silvestre Peña Crespo, con cinco resoluciones de traslado entre CEFERESOS de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de alto impacto, como secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores y portación de arma de fuego.
De los 42 jueces que han beneficiado a delincuentes con 164 egresos por cambio de medida cautelar, encabeza la lista Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones, así como Aníbal Castro Borbón, del mismo estado, con 15 determinaciones.
De octubre del 2024 a abril del 2025, fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales como el Cártel del Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación, Familia Michoacana, Los Zetas y Los Rojos.
Algunos de los casos, explicó, en febrero del presente año se dio a conocer la detención de José Alonso “N”, colaborador de Kevin “N”, alias “El 200”, jefe de seguridad en la facción “Los Chapitos”.
Al “200″ se le relaciona con delitos con operaciones de recursos de procedencia ilícita y portación de arma de fuego, sin embargo, el 27 de febrero un juez determinó que no sería vinculado a proceso y ordenó su inmediata libertad.
De igual manera, el 31 de octubre de 2024, una jueza de Guerrero determinó Auto de Libertad a Nabor “N”, alias “El Camaleón”, quien fuera jefe de plaza de “La Familia Michoacana” y esta persona había realizado el secuestro de siete elementos de una institución de seguridad pública en el año 2009.
Asimismo, el 10 de abril de 2025, Francisco Javier “N”, alias “M 60”, jefe de plaza de “La Familia Michoacana”, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria, lo que dejo a las víctimas que fueron privadas de la libertad en un estado de indefensión.
En adición, Nicolás Armando “N”, del Cártel del Golfo, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo sentencia absolutoria el pasado 15 de abril.
“A pesar del grado de peligrosidad con el que han sido catalogados estos generadores de violencia, diversos juzgadores emitieron órdenes para que obtuvieran su libertad mediante sentencias absolutorias, auto de libertad y no Vinculación a proceso”, denunció el titular de la SSPC.
Otro caso relevante, el pasado 27 de febrero, fueron trasladados a Estados Unidos de 29 personas con vínculos con organizaciones criminales, entre ellas, se encontraban Miguel Ángel “N”, alias “Z-40”, líder de “Los Zetas” y fundador del Cártel del Noreste; Oscar “N”, alias “Z-42”, del mismo grupo delictivo, quien fue considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En el caso de Oscar “N”, estuvo sujeto a un procedimiento de extradición requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa y contra la salud, el cual fue pospuesto en 54 ocasiones por diferentes jueces.
Con respecto a Miguel Ángel “N”, era requerido por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego, su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones por siete jueces.
“Es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”, subrayó.