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Una excesiva concentración de facultades en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones fue la preocupación que se mantuvo como centro del debate en el segundo conversatorio del Senado, para ajustar la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión propuesta por la presidenta, Claudia Sheinbaum.
Incluso, el oficialismo manifestó su apertura para crear un órgano colegiado que coadyuve con la Agencia, pero sin precisar todavía sus facultades y alcances.
José Merino, propuesto para encabezar la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) no acudió a este Foro y en su lugar fue el coordinador nacional de Infraestructura Digital, José Luis Pérez Hernández el encargado de tratar de defender esta iniciativa quien de entrada rechazó las críticas de opositores y especialistas, y afirmó que la reforma no pretende excluir al sector privado, ni duplicar esfuerzos en el sector.
“En resumen, esta reforma no busca excluir al sector privado ni duplicar esfuerzos, sino complementar el ecosistema actual con nuevos instrumentos e incentivos.
“Establece condiciones para que el espectro radioeléctrico sea utilizado de manera eficiente, inclusiva y alineado con los intereses públicos de nuestro país”, puntualizó.
La oposición criticó la inasistencia de José Merino, titular de la ATDT, para que explicara las 66 facultades o atribuciones que se le confirieron a este órgano del Estado para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Carlos Alejandro Merchan Escalante, de la Academia de Ingeniería, mostró su preocupación por la pérdida de las posiciones orbitales mexicanas, un patrimonio vital para la comunicación satelital.
Instó a la Cámara de Senadores a adoptar medidas que garanticen la continuidad de las operaciones satelitales en estas posiciones, especialmente, en el contexto de la reforma que se está discutiendo.
“Si no se hacen las cosas que se deben de hacer oportunamente, es muy probable que en el mediano plazo perdamos la primera posición orbital y posteriormente las otras tres posiciones orbitales, que tanto trabajo nos costó conseguirlas oportunamente”, advirtió.
En este foro se abordaron como temas centrales, la cobertura social y el acceso al espectro radioeléctrico, es decir como incluir a comunidades apartadas a la telefonía, el internet y las nuevas tecnologías y destacaron la importancia de una legislación que promueva la equidad y la inclusión a las telecomunicaciones en México.
La presidenta de la Cámara de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones, Jimena Ferráez Ramos, destacó el rol esencial de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en la provisión de conectividad en comunidades marginadas y solicitó un reconocimiento legal claro para estos operadores, y destacó su impacto social y su cercanía con los usuarios.
Ferráez propuso la creación de un marco normativo que elimine la discrecionalidad en la regulación, simplifique procesos y facilite el acceso al financiamiento y la tecnología.
El coordinador del Comité de Radios Comunitarias Indígenas y Afromexicanas de Michoacán y Oaxaca, Melquiades Rojas Blanco, denunció la falta de consulta efectiva con estas comunidades en la elaboración de políticas digitales, y sugirió la creación de mecanismos obligatorios para la consulta previa en la modificación de alineamientos relacionados con telecomunicaciones y espectro radioeléctrico.
Erick Huerta Velázquez, representante de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad AC, subrayó la necesidad de una política de fomento específica para los pequeños operadores.
Clara Luz Álvarez González de Castilla, catedrática de la Universidad Panamericana, aseguró que la reforma no tiene como objetivo excluir al sector privado ni duplicar esfuerzos, sino más bien complementar el ecosistema actual con nuevos instrumentos e incentivos.
En este conversatorio los pequeños operadores reclamaron un marco normativo que los reconozca y apoye, y los expertos coincidieron en la necesidad de que el Estado juegue un papel facilitador, protegiendo recursos como el espectro y las posiciones orbitales, y promoviendo un entorno que favorezca la competencia leal y el acceso equitativo para todos los sectores.