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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes cargos por narcoterrorismo contra Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, conocido como El Pichón, ambos identificados como altos mandos del Cártel de Sinaloa.
Se trata de la primera vez que autoridades estadounidenses acusan formalmente por terrorismo a líderes de un cartel mexicano, lo que marca un precedente jurídico sin antecedentes en la llamada guerra contra las drogas.
El anuncio se hizo desde el tribunal federal del distrito sur de California, en San Diego, donde el fiscal federal Adam Gordon subrayó la magnitud del caso. “La de hoy es la primera vez que se presentan cargos contra líderes del Cártel de Sinaloa por narcoterrorismo y materiales para narcoterrorismo, en conexión con tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína”, afirmó en conferencia de prensa.
Cártel de Sinaloa: grupo terrorista
Los cargos se sustentan en la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en febrero pasado, que designa a varios cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). A partir de esa declaratoria, el gobierno estadounidense ha comenzado a utilizar el marco legal del antiterrorismo internacional para actuar contra los cárteles de la droga.
Gordon explicó que, tras su nombramiento como fiscal del distrito el pasado 11 de abril, se creó una Unidad de Narcoterrorismo específica para perseguir a organizaciones criminales con esta nueva categoría legal. Esa oficina colaboró estrechamente en las investigaciones que derivaron en las acusaciones presentadas este martes.
“Desde hoy, los líderes del narcotráfico serán cazados como terroristas. Los vamos a perseguir hasta que enfrenten su destino en una corte federal del sur de California. No descansaremos”, advirtió el fiscal.
Del polvo blanco al fentanilo
De acuerdo con los documentos judiciales, los Inzunza comenzaron a operar hace más de dos décadas, inicialmente como traficantes de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años han diversificado sus operaciones al mercado de opioides sintéticos, con énfasis en fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína y responsable de más de 70.000 muertes por sobredosis en EU tan solo en 2023.
Según la acusación, los Inzunza habrían coordinado rutas internacionales, financiado laboratorios clandestinos y supervisado envíos masivos de narcóticos a través de la frontera, operando con redes propias en México y Estados Unidos. Se les atribuye también la administración de estructuras logísticas y financieras complejas, que incluyen lavado de dinero y sobornos a funcionarios.
La figura de “materiales para narcoterrorismo” se refiere a los narcóticos producidos y traficados como instrumentos para desestabilizar comunidades y sistemas de salud pública, según el criterio esgrimido por el Departamento de Justicia.
Un parteaguas legal
La acusación contra los Inzunza abre la puerta a que otros miembros del Cártel de Sinaloa y de organizaciones rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación también sean señalados bajo el cargo de narcoterrorismo, lo que puede derivar en sanciones más severas, extradiciones aceleradas y la intervención directa de agencias federales como el Pentágono o el Departamento de Estado.
Aunque hasta ahora los cargos contra cárteles se habían centrado en tráfico de drogas, lavado de dinero o conspiración criminal, el uso de la etiqueta de terrorismo internacional permite una expansión significativa de las facultades del gobierno para congelar activos, perseguir cómplices y establecer alianzas internacionales con terceros países.
La Embajada de México en Washington no ha emitido comentarios hasta el momento sobre la acusación formal, ni se ha pronunciado si existirá algún proceso de colaboración o extradición.
En paralelo, fuentes del Departamento de Estado anticiparon que otros cárteles mexicanos están siendo evaluados para ser designados como FTOs, lo que podría generar tensiones diplomáticas adicionales con el gobierno mexicano, que hasta ahora se ha negado sistemáticamente a aceptar tal categorización.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de equiparar al narcotráfico con terrorismo, ya que podría justificar intervenciones militares o medidas de excepción que pongan en riesgo libertades civiles, tanto en México como en Estados Unidos.