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No ha pasado una semana desde que salió a la luz la cancelación de la visa estadunidense a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y a su esposo Carlos Torres Torres, y desde Estados Unidos surge información de que el presidente Donald Trump ya tiene sobre la mesa una lista con nombres y apellidos de funcionarios mexicanos, entre gobernadores, políticos y gente de la cúpula de Morena presuntamente con vínculos con el crimen organizado, y que además de correr la misma suerte que la mandataria bajacaliforniana podrían ser sancionados por Washington, según destaca información de la agencia Propublica.
La agencia independiente con sede en Manhattan, Nueva York, destaca en un reportaje firmado por Tim Golden y que cita funcionarios del Departamento de Estado que pidieron el anonimato por no estar autorizados para dar información considerada delicada, que “la lista incluye a líderes del partido gobernante Morena, a varios gobernadores y figuras políticas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador”.
Propublica subraya, sin dar nombres de los posibles narcopolíticos en la lista negra en poder de Donald Trump, que la revisión de ésta “fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que ha recabado información de las agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos sobre figuras políticas, gobernantes e incluso de militares mexicanos bajo sospecha de tener vínculos con cárteles en México”.
La información resalta que el grupo que elabora la lista negra de presuntos narcopolíticos mexicanos la encabeza Anthony Salisbury, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, así como Terrance Cole, posible próximo jefe de la Agencia Antidrogas (DEA), y Matthew Donahue, subjefe de operaciones de la misma agencia, quienes presuntamente han recopilado información de 35 funcionarios desde 2019, año en que López Obrador decidió cerrar la participación de la agencia antidrogas en operativos contra los cárteles de la droga.
La información de Tim Golden refiere que “un portavoz del Departamento de Estado se negó a hacer comentarios sobre los funcionarios o exfuncionario a los que se les podría cancelar la visa, al argumentar que los registros de este documento son confidenciales según la ley estadounidense.
Asimismo, tres funcionarios estadunidenses que conocen de la situación, afirmaron que las medidas relacionadas con las visas probablemente irán acompañadas, en algunos casos, de sanciones del Departamento del Tesoro que impedirán a las personas (sancionadas) realizar negocios con empresas estadunidenses y les congelarán sus activos financieros en Estados Unidos. Un portavoz del Departamento del Tesoro se negó a hacer comentarios sobre el plan de sanciones”, al indicar que es un asunto en proceso y de total confidencialidad.