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Un grupo de legisladores republicanos frenó este viernes el avance de un polémico plan de recortes fiscales promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había urgido a los congresistas de su partido a respaldar de manera unificada su propuesta. La iniciativa también incluye un impuesto del 5 % a las remesas enviadas fuera de EU.
La megapropuesta, denominada por Trump como el “GRAN Y HERMOSO PROYECTO DE LEY”, busca consolidar las exenciones fiscales de su primer mandato (2017-2021) e incorporar nuevas rebajas tributarias. Sin embargo, las discusiones realizadas esta semana en varios comités de la Cámara de Representantes dejaron en evidencia la reticencia de varios republicanos clave para permitir que la iniciativa avance hacia el pleno.
Durante sesiones maratónicas, los legisladores intentaron acelerar la aprobación del proyecto tanto en la Cámara Baja como en el Senado, con la meta de concluir el proceso antes del Día de los Caídos, el 26 de mayo, y que la iniciativa llegue al Despacho Oval antes del 4 de julio, fecha emblemática del Día de la Independencia estadounidense.
No obstante, en la reunión del Comité del Presupuesto de la Cámara Baja, cinco representantes conservadores votaron en contra del plan, superando el umbral necesario para retrasar su avance. Los opositores argumentaron que la propuesta aumentaría significativamente el déficit presupuestario.
“Estamos emitiendo cheques que no podemos cobrar y nuestros hijos van a pagar las consecuencias”, advirtió Chip Roy, uno de los legisladores que rechazó el proyecto. “Este proyecto de ley es profundamente insuficiente; no cumple lo que decimos que hace con respecto a los déficits”, agregó.
La rebelión interna fue considerada inusual, dado que solo tres votos en contra eran suficientes para bloquear el avance, lo que evidencia un rompimiento en la disciplina del Partido Republicano frente a la presión directa de Trump, quien en horas previas insistió en su red social Truth Social que “los republicanos DEBEN UNIRSE tras ‘EL GRAN Y HERMOSO PROYECTO DE LEY’”.
Tras cerrar una gira de cuatro días por Oriente Medio, Trump destacó que la propuesta no solo recorta impuestos a todos los estadounidenses, sino que también planea dejar sin Medicaid a millones de inmigrantes indocumentados para proteger el programa para quienes “realmente lo necesitan”.
La falta de aprobación en el Comité de Presupuesto pone en riesgo la continuidad del megaproyecto, que además contempla exenciones fiscales para propinas, horas extras, préstamos para automóviles fabricados en EE.UU., y beneficios incrementados para ancianos y familias con niños.
Estos recortes generarían un déficit en los ingresos del Gobierno que se compensaría parcialmente con restricciones a Medicaid, que actualmente brinda cobertura a cerca de 71 millones de personas con bajos recursos. A pesar de las insistencias de Trump y del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, de que no se modificaría este programa, las limitaciones a Medicaid son uno de los puntos más conflictivos entre las facciones centristas y conservadoras del Partido Republicano.
Mientras los conservadores demandan recortes más agresivos e inmediatos, los moderados expresan preocupación por las afectaciones a sus distritos, especialmente por posibles reducciones en otros programas sociales como el SNAP, que ayuda a la compra de alimentos.
En su mensaje, Trump advirtió: “El país sufrirá mucho sin esta legislación, con un aumento del 65 % en los impuestos. Se culpará a los demócratas, pero eso no ayuda a nuestros votantes. No necesitamos ‘fanfarrones’ en el Partido Republicano. ¡DEJEN DE HABLAR Y HAGANLO!”.
Aunque aún no se cuentan con cálculos definitivos sobre el impacto financiero total del megaproyecto, el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, el republicano Jason Smith, indicó que la estimación preliminar ronda los 3,9 billones de dólares, cifra que se mantiene por debajo del límite ideal de 4,5 billones establecido por su partido.
La iniciativa también incluye un impuesto del 5 % a las remesas enviadas fuera de EU, medida que provocó críticas inmediatas del Gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum. La mandataria calificó esta propuesta como “una injusticia” y una acción “discriminatoria” que afectaría directamente a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.