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Ante recientes denuncias sobre posibles casos de abuso infantil al interior de Centros de Readaptación Social (Ceresos), el PT en la Permanente exigió a la Fiscalía General de la República, al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social y sus homologas en las 32 entidades federativas, agilizar las investigaciones sobre estos hechos y sancionar ejemplarmente, así como aplicar medidas de reparación del daño y no repetición.
Señalaron que en fechas recientes la organización social Reinserta ha documentado al menos 5 casos de abuso sexual en contra de infantes cometidos al interior de Ceresos, ante la falta de falta de protocolos, personal capacitado y la carencia de espacios adecuados para la convivencia lo que agrava la vulnerabilidad de los menores en estos entornos y facilita este tipo de hechos en los penales mexicanos.
Señalan que la presencia de niñas y niños en centros penitenciarios obedece a diversas circunstancias: visitas familiares o convivencia con madres privadas de libertad. Independientemente del motivo, es imperativo contar con protocolos de seguridad claros y eficaces para protegerlos.
En México se permite a las mujeres que están internadas en un penal tener a sus hijos en esos lugares hasta que cumplan 6 años.
En 2022, en los centros penitenciaros del país vivían 325 menores de edad, de los cuales 155 eran niños y 170, niñas, según el INEGI
La mayoría (37.4%) era menor a un año, casi 50% no pasaba de los dos años y sólo 13.5% estaba entre 3 y 6 años.
La bancada petista encabezada por Alberto Anaya y la senadora Geovanna Bañuelos explicaron que el Estado mexicano tiene la obligación, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de garantizar la protección integral de los menores.
“La situación de abuso en penales y en otros entornos demuestra el incumplimiento de esta obligación y la necesidad urgente de acción. Es indispensable establecer protocolos específicos en todos los contextos donde haya menores, capacitar adecuadamente al personal, crear espacios seguros, y desarrollar mecanismos de denuncia eficientes y accesibles”, aseguraron los legisladores.
Advirtieron que los casos de abuso sexual infantil, tanto en entornos familiares como institucionales, son una llamada urgente a la acción.
Por ello urgió a las autoridades en todo el país a capacitar de forma permanente al personal penitenciario en la prevención del abuso, atención psicológica y primeros auxilios emocionales, así como a dignificar los espacios de convivencia familiar para garantizar entornos seguros y adecuados para niñas, niños y adolescentes que asisten a estos lugares.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, pidieron además implementar protocolos claros de protección infantil, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en todos los centros penitenciarios del país, estableciendo mecanismos de denuncia accesibles y confiables.
“EI Estado, la sociedad y las instituciones deben actuar de manera firme para erradicar estas violencias, asegurar la protección efectiva de los menores y garantizar su derecho a crecer en un entorno libre de miedo, abuso y violencia. Solo mediante un compromiso real podremos construir un país donde la niñez sea plenamente respetada y protegida”, concluye el GPPT.