Entre acusaciones de opacidad, manipulación y fraude, el sector empresarial del país desplegó una estrategia nacional de observación con más de 215 personas observadoras, pues advirtieron que esta medida ciudadana es el último dique frente al debilitamiento de la justicia.
Esta red cubre el 60.6% de los distritos electorales federales, lo que representa más del 65% del territorio nacional.
“Reafirmamos que la legalidad no se vota, se defiende. La imparcialidad no se negocia, se protege. Hoy, más que nunca, hacemos un llamado contundente: la sociedad debe asumir el papel que el proceso institucional ha dejado vacío. Defender al Poder Judicial es defender la democracia, la economía y el futuro de México”, demandó
A esto se suma un entorno marcado por la opacidad y la violación del marco jurídico. La falta de reglas claras, la improvisación en las etapas del proceso y la intervención de actores políticos ajenos al Poder, acusó
El empresariado a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aseveró que la elección judicial no debe convertirse en un teatro electoral que sirva a propósitos políticos de corto plazo.
Lo contrario: lo que está en juego no es solo la legitimidad de los nuevos ministros, jueces y magistrados, sino la capacidad del país de garantizar justicia imparcial para todas las personas, dijeron
La COPARMEX recordó que también hay elecciones en Veracruz y Durango, donde coinciden procesos distintos sin garantías de orden ni claridad.
Esta mezcla institucional —agregó —atenta contra la calidad democrática del proceso genera confusión en el electorado y abre la puerta a múltiples formas de manipulación política.
Recordaron que como antecedente inmediato, en el proceso electoral de 2018, se registraron poco más de 38 mil personas observadoras.
Hoy, esa cifra se ha multiplicado de forma inédita: se han presentado 316 mil 498 solicitudes, un incremento del 732.89%. Sin embargo, apenas 139 mil 538 han sido acreditadas.
Más aún, 48 mil 360 solicitudes fueron rechazadas por estar vinculadas a partidos políticos, programas sociales o candidaturas, lo que demuestra el intento de ciertos actores por infiltrarse en la observación ciudadana, desvirtuándola.
La cámara empresarial recalcó que esta elección judicial no cumple con los requisitos de una verdadera reforma.
“No garantiza independencia, ni profesionalización, ni certeza. Por el contrario, abre la puerta a la captura del Poder Judicial y genera incertidumbre económica y jurídica para todo el país”, alertó