La iniciativa para aprobar una Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNETB), promovida por el Gobierno federal y que busca digitalizar el 80% de los trámites y reducir a la mitad los tiempos de gestión, ha encendido las alertas entre organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial. Aunque el objetivo de simplificación es compartido, México Evalúa y Coparmex señalan que la propuesta, tal como está diseñada, podría comprometer la transparencia, la seguridad jurídica y la inclusión digital.
Durante un foro virtual convocado por ambas organizaciones, especialistas en mejora regulatoria coincidieron en que, sin un rediseño previo de los procesos actuales, la digitalización corre el riesgo de replicar —y hasta empeorar— las ineficiencias existentes. Mariana Campos, directora de México Evalúa, recalcó que “digitalizar sobre procesos defectuosos es un error”, en alusión a su experiencia previa en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El contexto no es menor. Según el Índice de Burocracia en Iberoamérica, las MiPymes mexicanas invirtieron en 2023 un promedio de 500 horas al año en trámites, de los cuales apenas el 16.2% se realizó en línea. El rezago digital es evidente, y el nuevo proyecto de ley no establece estrategias claras para combatirlo, especialmente en municipios con escasa conectividad.
Además, expertos advirtieron sobre debilitamientos institucionales que conllevaría la reforma. Entre ellos, la eliminación de los consejos locales de mejora regulatoria, del observatorio ciudadano y la centralización de funciones en una sola dependencia federal. También preocupa la disminución del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), al excluirlo en áreas críticas como fiscalidad y seguridad, lo cual podría minar los contrapesos técnicos y democráticos.
Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria de Coparmex, resaltó que existen más de 300 mil trámites en los tres niveles de gobierno, y que un verdadero cambio solo será posible con participación ciudadana: “La mejor forma de implementar una simplificación es con el usuario al centro del diseño”.
La ciberseguridad es otro frente desatendido. México concentra más del 55% de los ciberataques en América Latina, pero la iniciativa legal no incluye mecanismos robustos para garantizar los derechos digitales ni para proteger adecuadamente los datos personales. Sissi de la Peña, de la Academia Mexicana de Ciberseguridad, subrayó que delegar estas garantías a reglamentos secundarios debilita su fuerza jurídica y deja vulnerables a ciudadanos y empresas.
Frente a estos riesgos, se propusieron nueve recomendaciones clave, entre ellas: rediseñar primero los trámites, garantizar infraestructura tecnológica y alfabetización digital, restaurar la participación ciudadana, limitar las excepciones al AIR y asegurar un presupuesto transexenal para sostener la transformación.
La ley será votada en un periodo extraordinario sin proceso de parlamento abierto, lo que ha generado inquietudes sobre la falta de diálogo público previo a su aprobación. Para Ana Lilia Moreno, de México Evalúa, este tipo de reformas exige apego a las mejores prácticas internacionales y un enfoque centrado en el ciudadano: “Está en juego la confianza entre el Estado y la sociedad”.
Aunque la digitalización de trámites representa una oportunidad para reducir la corrupción y mejorar la competitividad, organizaciones y especialistas coinciden en que no puede hacerse a costa de la gobernanza democrática ni de la inclusión social. Sin evidencia, transparencia y participación, los beneficios podrían quedarse solo en el discurso.