El exsubsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Enrique González Tiburcio, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum una revisión exhaustiva del caso conocido como la Estafa Maestra, al considerar que sigue siendo vinculado injustamente, pese a contar con pruebas que lo exoneran.
A través de una carta dirigida a la mandataria, González Tiburcio afirmó que ha demostrado con documentación que su firma fue falsificada en varios convenios suscritos entre la dependencia federal y diversas universidades públicas. Sostiene que no tuvo conocimiento ni participación en la ejecución de esos contratos, los cuales están asociados al millonario desvío de recursos que ha sido investigado desde el sexenio pasado.
En el documento, el exfuncionario plantea que, pese a contar con evidencia concreta sobre cómo se realizaron las operaciones ilegales —incluyendo los nombres de los involucrados y el destino de los recursos desviados—, estos datos no han sido presentados ante los tribunales. Asegura que algunos actores del sistema judicial han encubierto a los verdaderos responsables, lo que ha impedido que se esclarezcan los hechos.
González Tiburcio exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) a transparentar el estado actual de la investigación y proceder penalmente contra quienes forjaron documentos oficiales para justificar convenios ilegales con instituciones académicas. Enfatizó que es urgente actuar antes de que la acción penal prescriba, lo que dejaría impunes a quienes realmente se beneficiaron de estos desvíos.
El exsubsecretario insistió en que se realice una indagatoria a fondo para identificar a los responsables de haber diseñado y operado una estructura fraudulenta que, bajo la fachada de colaboración institucional, facilitó el desvío de recursos públicos destinados a programas sociales.
La Estafa Maestra fue una investigación periodística que reveló un esquema de triangulación de dinero público a través de universidades y empresas fantasma, con la presunta participación de diversas dependencias federales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Aunque el caso provocó escándalo nacional y abrió procesos judiciales, la mayoría de las personas involucradas no han enfrentado consecuencias penales.
González Tiburcio fue señalado inicialmente como parte de esta trama; sin embargo, ahora insiste en que no solo ha sido víctima de una injusta acusación, sino también de un posible delito de falsificación, por lo que demanda que se reoriente la investigación hacia quienes sí operaron este mecanismo de desvío.