Cuando un médico no logra diagnosticar correctamente, cualquier tratamiento será ineficaz: el malestar se prolonga, los recursos se agotan y el paciente no mejora. Así también ocurre con los sistemas de salud: si no se planifican con base en un diagnóstico claro y riguroso, los errores se multiplican, las brechas se profundizan y la confianza social se erosiona. Para un ciudadano esto se traduce en no contar con atención médica cuando se requiere, en hospitales sin insumos y medicamentos, en profesionales sin incentivos para laborar en el sistema de salud público y comunidades que pierden la credibilidad en los gobiernos. Más grave aún, es que México podría llegar sin preparación suficiente a la siguiente emergencia sanitaria con consecuencias catastróficas en términos de pérdida de vidas.
En contraste, cuando cualquier política nacional, en este caso, la política de salud parte de un diagnóstico claro, riguroso y con base en evidencia, se activa un círculo virtuoso que puede transformar la manera en que se diseñan, ejecutan y evalúan los resultados alcanzados. Esto es, comenzar con un buen diagnóstico no es solo una formalidad técnica, es una herramienta estratégica que permite identificar con precisión los principales retos, asignar recursos de forma eficiente y definir metas realistas.
Las 19 alertas que urgen atención: radiografía estructural del sistema de salud
La buena noticia es que el diagnóstico del tema de salud en México está hecho. Al igual que un equipo médico que revisa con atención a su paciente, la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública (FIESP) y la Universidad Iberoamericana (IBERO) detectaron 19 problemas urgentes que se requiere atender para garantizar gradualmente el derecho efectivo a la salud en México.
Estos hallazgos están en el documento “Propuestas de política para el mejoramiento de la salud pública en México”, el cual está disponible en www.equide.org. El análisis no se basa solo en una opinión, sino corresponden a la revisión cuidadosa de nueve documentos clave generados en la última década por distintas instituciones como el CONEVAL, FUNSALUD, INSP, COLMEX, OCDE y el CEEY, que en conjunto ofrecen un retrato realista de un sistema fragmentado, desigual y, en muchos casos, insuficiente.
El diagnóstico permite identificar un conjunto de 19 problemas estructurales que operan como cuellos de botella del derecho a la salud. No se trata de alertas nuevas, éstos ya han sido señalados en la literatura especializada; sin embargo, su persistencia exige atención urgente.
El sistema de salud en México enfrenta una crisis reflejada en el incremento de la población sin acceso a servicios (1), un fenómeno que se acentúa por la desigualdad territorial y social (2), obligando a muchas familias a incurrir en gastos catastróficos (3) para cubrir necesidades básicas. La falta de personal médico capacitado y suficiente (4), especialmente en zonas marginadas, y el persistente desabasto de medicamentos (5) agravan aún más la situación. Además, la infraestructura hospitalaria es deficiente y está mal distribuida (6), con unidades saturadas o sin equipamiento funcional.
Persisten rezagos históricos como la salud mental desatendida (7), el escaso enfoque preventivo (8), y la fragmentación institucional (9) entre IMSS, ISSSTE y servicios estatales. A esto se suma la transición incierta al IMSS-Bienestar (10), sin claridad operativa ni normativa, y una vigilancia epidemiológica débil (11), que impide responder eficazmente a nuevas amenazas. Las secuelas de la pandemia (12) -físicas, mentales y en servicios postergados- no han sido adecuadamente incorporadas a la planificación. Todo esto ocurre en un contexto de inversión pública insuficiente (13) y servicios de baja calidad (14), caracterizados por maltrato, esperas prolongadas y diagnósticos tardíos.
Por otra parte, la investigación científica en salud se encuentra desaprovechada (15) y desconectada de la toma de decisiones, mientras que persiste una ausencia de coordinación intersectorial (16) que limita la efectividad de políticas integrales. Además de no contar con mecanismos robustos para la evaluación de políticas públicas (17), limitando el aprendizaje de errores y aciertos. La coordinación federal-estatal se ha debilitado (18) por la eliminación de espacios de planeación compartida, y sigue sin consolidarse una estrategia efectiva para abordar los determinantes sociales de la salud (19), como el entorno, la alimentación, la educación o la vivienda.
Lejos de ser una suma de síntomas dispersos, estos padecimientos configuran un cuadro clínico coherente de un sistema debilitado, donde la descoordinación, la inequidad y la falta de evaluación se entrelazan con déficits en inversión, personal y servicios.
Lo que se ve y lo que se omite: coincidencias parciales y omisiones críticas en el PND
Al asociar los problemas prioritarios del diagnóstico con las Estrategias para garantizar el derecho a la Salud contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 es posible identificar que 12 de los 19 problemas tienen alguna correspondencia directa con una Estrategia planteada en el PND 2025-2030; sin embargo, existe 7 problemas urgentes que se identifican en el diagnóstico pero que no se han retomado en la planeación nacional.
Primero, no se plantea una solución de fondo para la fragmentación institucional del sistema de salud, que mantiene subsistemas desconectados (IMSS, ISSSTE, SESA). El fortalecimiento del IMSS-Bienestar (1) no sustituye la necesidad de una integración funcional que abarque a toda la población. Además, se omite la vigilancia epidemiológica (2), crucial ante la emergencia climática y nuevas amenazas sanitarias, así como el desarrollo de un sistema robusto de evaluación de políticas y programas en salud (3), lo que limita la mejora continua y la rendición de cuentas.
También están ausentes estrategias claras para enfrentar los efectos rezagados de la pandemia (4), particularmente en salud mental, sexual y reproductiva, y en población con enfermedades crónicas desatendidas. Igualmente, sigue sin atenderse el problema de la baja calidad de los servicios (5), expresado en largos tiempos de espera, diagnósticos tardíos y maltrato institucional, ni se reconoce el impacto del gasto catastrófico en salud (6), que empobrece a millones de familias. Finalmente, no se incluye una estrategia para incrementar la inversión pública en salud (7), manteniéndose por debajo del umbral mínimo del 6% del PIB recomendado por organismos internacionales. Estos vacíos estratégicos comprometen la posibilidad de garantizar el derecho pleno a la salud en los próximos años.
Esta omisión no es menor. Dejar fuera estos temas equivale a ignorar lo que la evidencia ya ha demostrado: que los sistemas de salud que no previenen, que no se coordinan, ni se evalúan, terminan costando más, funcionando peor y generando mayor desigualdad. En un contexto de cambio climático, envejecimiento poblacional y transición epidemiológica, improvisar no es opción. Si los retos estructurales siguen sin abordarse, el país corre el riesgo de perder otra década en salud pública.
Además, estas propuestas comparten una debilidad estructural: su formulación es declarativa y requerirá acompañarse de estrategias claras, metas verificables y de un presupuesto consistente. Se prioriza lo visible y políticamente rentable, dejando fuera problemas más complejos y menos mediáticos.
De la declaración al cambio: evaluación para hacer de la salud un derecho real
A partir de la experiencia en evaluación de políticas públicas, podemos afirmar que, si la salud va a ser verdaderamente un derecho y no solo un enunciado político, la planeación en salud requiere diagnósticos integrales y transformarse en acciones concretas, medibles y sostenibles. No basta con repetir principios de justicia o humanismo si no se traducen en estrategias con presupuesto, responsables y con tiempos definidos.
La evaluación no debe ser vista como un lujo técnico ni relegarse a la etapa final. Es una herramienta clave para ajustar el rumbo, corregir ineficiencias y rendir cuentas. Solo una política que se deja evaluar puede mejorar de verdad. Sin evaluación, el riesgo es que las buenas intenciones se pierdan en la burocracia, y los rezagos sigan acumulándose.
Si el segundo piso de la transformación quiere ser sólido, requiere sostenerse más en evidencia, instituciones sólidas y alentar una ciudadanía informada. Porque en salud no hay margen para la improvisación: lo que está en juego son vidas, tiempo, calidad de vida y confianza pública. Y eso exige algo más que promesas: exige resultados.