La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que dos personas fueron vinculadas a proceso y se ratificó la prisión preventiva a Jorge “N” y José Alfredo “N”, por el presunto daño a manglares para la lotificación y venta de terrenos ganados al mar en el Puerto de Sisal, Hunucmá, Yucatán.
La dependencia precisó que lo anterior se dio en respuesta a la denuncia interpuesta por la Profepa ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el desmonte ilegal de vegetación y la violación de sellos de clausura en los terrenos costeros del Puerto de Sisal.
Asimismo, puntualizó que los terrenos costeros, están consideramos como zona federal marítimo terrestre, con lo que son propiedad de la nación.
La procuradora Mariana Boy Tamborrell detalló que desde hace varios meses se ha venido observando, en Sisal una reiterada violación de la normatividad ambiental y de las clausuras impuestas por Profepa ante la remoción ilegal de vegetación.
Sostuvo que la afectación al mangle, el cual es uno de los ecosistemas más frágiles, fundamentales y escasos del planeta, es un delito previsto y sancionado en el Código Penal Federal, el cual establece penas de 2 a 10 años de prisión y de 300 a 3,000 días multa a quien ilícitamente dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.
Al respecto, se resaltó que entre febrero y marzo pasados, inspectores de la Profepa detectaron tres zonas de la costa de Sisal afectadas por la eliminación de vegetación arbustiva y matorral costero asociadas a una especie protegida de manglar (mangle botoncillo) que en total suman 37,784 metros cuadrados, por lo que dicha procuraduría impuso clausuras y abrió procedimientos administrativos para frenar la comisión de estos ilícitos.
Ante ello, aunque se colocaron sellos de clausura, estos fueron violados en repetidas ocasiones y continuando con el desmonte de vegetación e incluso lotificando terrenos, sin contar con la autorización correspondiente, lo que obligó a la Profepa a presentar una denuncia de hechos ante la FGR.
Con el objetivo de encontrar solución a las necesidades de la población, autoridades municipales y estatales de Yucatán, la Profepa y la Semarnat establecieron mesas de diálogo con habitantes de la zona, en las que se acordó buscar lugares alternativos para la construcción de viviendas.
Pese a ello, continuó el desmonte y lotificación de la zona federal marítimo terrestre, zona propiedad de la nación, con lo que, cualquier obra u actividad proyecto de construcción, debe contar con una concesión y autorización de parte de las autoridades competentes.
La titular de la Profepa sostuvo que se continuará trabajando junto con la FGR y otras instituciones para robustecer la carpeta del caso y mantendrá los operativos de inspección y vigilancia, las clausuras y los procedimientos administrativos a través de los cuales se busca la reparación del daño y la protección de los ecosistemas costeros.