El pasado 29 de mayo comenzó el cierre en los juzgados familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México. El acceso principal fue bloqueado con pancartas que solicitan el pago retroactivo y bonos por exceso de trabajo; un llamado al Secretario General por la “democracia sindical”; y cartulinas con leyendas respecto a episodios de violencia en contra de las niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil.
Una semana después se unieron al paro el resto de los inmuebles con la exigencia de un aumento salarial y el pago retroactivo correspondiente, así como por el conflicto emanado de las elecciones del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial.
La situación ha escalado al punto tal que se han generado enfrentamientos entre los propios trabajadores de esta casa de justicia, entre quienes desean ingresar a los inmuebles a trabajar y quienes bloquean el acceso para mantener el paro.
Ante el reclamo general se está solicitando un aumento del 10% al salario y un 5% a las prestaciones. Así, el pasado 12 de junio se depositó a la nómina de la base trabajadora el pago retroactivo y se concedió un aumento del 5% y 3% respectivamente. Con esto, se esperaba que el lunes 16 se reanudaran las actividades. Sin embargo, las personas que mantienen tomadas las instalaciones señalan que no entregarán las mismas hasta en tanto se cumpla a cabalidad con sus exigencias.
Con esta situación se cumplen 12 días desde que inició este movimiento y no se prevé que termine pronto.