La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que presentó una apelación contra la resolución judicial que en 2014 impidió abrir una investigación penal contra Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por su participación en la compra del software Pegasus, utilizado para el espionaje ilegal de periodistas, defensores de derechos humanos y figuras opositoras.
La Fiscalía detalló que, tras un “retraso ilegal de más de dos años y medio”, una jueza federal de control, Alejandra Domínguez Santos, accedió a realizar la audiencia en la que determinó no vincular a proceso a la exfuncionaria, a pesar de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Judith Gómez, cargos por cinco delitos
De acuerdo con el comunicado oficial, la FGR imputó a Gómez Molano por cinco delitos relacionados con la adquisición irregular del sistema de espionaje Pegasus, por un monto de 460 mdp, lo que representó un daño grave al erario.
Los delitos señalados por la FGR son:
- Uso indebido de atribuciones y facultades, por no supervisar adecuadamente el contrato.
- Peculado, por el presunto desvío ilegal de recursos sin justificación de urgencia o confidencialidad.
- Fraude equiparado, por beneficiar al proveedor a costa del patrimonio público.
- Asociación delictuosa, por haber participado junto con otros servidores públicos.
- Adquisición ilegal de equipos de espionaje, sin que existiera necesidad institucional documentada.
Según el informe, estos hechos ocurrieron en 2014, cuando la exfuncionaria aprobó la adquisición del sistema Pegasus a pesar de no haber cumplido con los requisitos legales y administrativos correspondientes.
FGR investigará a la jueza federal
En una acción sin precedentes, la FGR también anunció la apertura de una carpeta de investigación contra la jueza federal Alejandra Domínguez Santos, por posibles delitos contra la administración de justicia. La Fiscalía considera que la jueza incurrió en irregularidades al resolver que Gómez Molano no debía ser vinculada a proceso, pese a lo que califica como pruebas contundentes.
“La FGR reitera que, a pesar de todas esas pruebas, la jueza de control decidió no vincularla al proceso”, indicó el comunicado.
El caso será revisado ahora por un tribunal de apelación, donde se definirá si se revierte o no la decisión de la jueza.
Pegasus: un escándalo internacional
El caso Pegasus volvió a la atención pública en julio de 2021, cuando una investigación periodística internacional reveló que al menos 15.000 dispositivos fueron intervenidos en México con este software durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018), lo que convirtió al país en el mayor usuario del sistema de espionaje en el mundo.
Entre los objetivos del programa estaban periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, opositores políticos —incluido Andrés Manuel López Obrador, entonces líder opositor— así como familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Desde entonces, la FGR ha iniciado distintas investigaciones por la compra y uso de Pegasus, pero el proceso ha enfrentado obstáculos judiciales y demoras. Con esta nueva apelación y la apertura de la investigación contra la jueza, el caso entra en una nueva fase judicial y política.