A unas horas de que arranque el periodo extraordinario el Congreso de la Unión, la dirigencia nacional del PAN adelantó su voto en contra a la reforma de la Guardia Nacional que formaliza su adscripción a la Sedena pues acusó que con ello se institucionaliza la militarización pero sobre todo se pone en riesgo la democracia y los derechos humanos de los mexicanos.
“El PAN votará en contra porque estamos del lado de la Constitución, de las libertades y del equilibrio de poderes. No vamos a permitir que, bajo el pretexto de seguridad, se imponga un modelo autoritario que pone en riesgo la democracia y los derechos de las y los mexicanos”, aseveró el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero
El líder blanquiazul acusó que el Gobierno pretende disfrazar de armonización legislativa lo que en realidad es la consolidación de un modelo autoritario, opaco y regresivo.
“No vamos a avalar una iniciativa que entrega el control absoluto de la seguridad pública a la SEDENA, sin rendición de cuentas, sin límites temporales y sin respeto a los derechos humanos”, recalcó
Romero advirtió que la iniciativa reincorpora disposiciones declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte, como las operaciones encubiertas y el uso de identidades simuladas en tareas de prevención del delito.
Además, otorga a la Guardia Nacional facultades para geolocalizar y vigilar en tiempo real sin salvaguardas judiciales efectivas, atentando contra el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia.
Esta iniciativa –recordó--reincorpora disposiciones declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte, como las operaciones encubiertas y el uso de identidades simuladas en tareas de prevención del delito. Además, otorga a la Guardia Nacional facultades para geolocalizar y vigilar en tiempo real sin salvaguardas judiciales efectivas, atentando contra el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia.
Denunció que con ella se está ampliando la jurisdicción militar a tareas policiales, en abierta contradicción con precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual genera incertidumbre jurídica y debilita el acceso a la justicia.
“Estamos ante una reforma que busca someter a una fuerza civil a la disciplina castrense, eliminando la excepcionalidad de la participación militar en tareas civiles. Es una militarización funcional, doctrinal y estructural que rompe con el mandato del artículo 21 constitucional”, subrayó.
Este lunes 23 de junio arranca el periodo ordinario que aprobó la Comisión Permanente donde se busca discutir y aprobar un paquete de 16 reformas entre ellas la de formalizar la adscripción y funciona de la Guardia Nacional a la Sedena.
Romero Herrera, advirtió que la nueva Ley de la Guardia Nacional y el paquete de reformas asociadas representan una amenaza directa al modelo constitucional de seguridad pública, al institucionalizar la militarización total de una fuerza que debe mantenerse civil, profesional y sujeta a controles democráticos.
Asimismo, afirmó que el supuesto control parlamentario previsto en la iniciativa es meramente decorativo, sin mecanismos reales para auditar operativos, suspender abusos o fiscalizar el despliegue de la fuerza.