La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al Gobierno de Puebla para que revise el artículo 480 del Código Penal estatal, el cual tipifica el delito de ciberasedio, por considerar que su redacción ambigua puede vulnerar el derecho a la libertad de expresión.
Este artículo, recién incorporado al marco legal poblano, establece penas de hasta tres años de prisión y multas económicas para quienes, a través de redes sociales o medios digitales, “insulten, injurien, ofendan, agravien o vejen” a otra persona con la persistencia necesaria para afectar su integridad física o emocional. Sin embargo, la CNDH advierte que la falta de claridad en estos términos puede derivar en interpretaciones arbitrarias y usos indebidos de la ley.
Aunque el organismo nacional reconoce la importancia de contar con instrumentos legales para combatir la violencia digital, sobre todo contra niñas, niños y adolescentes, también señala que cualquier disposición penal debe cumplir con el principio de legalidad y evitar ser usada como una vía para censurar opiniones, críticas o manifestaciones de interés público.
La preocupación central radica en que el uso de términos subjetivos, como “ofensa” o “agravio”, sin una definición clara en el marco penal, puede abrir la puerta a sancionar el disenso legítimo o el debate público, pilares de una sociedad democrática. En ese sentido, la CNDH recordó que el artículo 6º de la Constitución mexicana y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protegen de forma amplia la libre manifestación de ideas, siempre que no incurran en incitaciones a la violencia o a otros delitos.
El organismo nacional también informó que está trabajando en una Acción de Inconstitucionalidad respecto a esta reforma, y que en su momento la presentará públicamente. Esta acción busca garantizar que las legislaciones locales se apeguen a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
La CNDH reiteró que no debe utilizarse el derecho penal como herramienta para inhibir la crítica, incluso si ésta resulta incómoda o provocadora, siempre que no transgreda límites claramente establecidos. A su vez, subrayó su compromiso de seguir vigilando que los marcos jurídicos locales respeten el Estado de derecho.