El sector empresarial acusó que la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) representa un grave retroceso en la evaluación técnica, imparcial y especializada de las políticas sociales en México sobre todo la pobreza y abre la puerta a decisiones sin fundamento, basadas en popularidad y no en resultados.
“Lo que no se evalúa con autonomía, se convierte en propaganda”, acusó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
El organismo empresarial encabezado por Juan José Sierra Álvarez, sostuvo que la desaparición completa de Coneval solo confirma un patrón: borrar al árbitro que contradice el discurso oficial.
“No se trata de una simple reestructuración administrativa; se trata de eliminar al evaluador para evitar cualquier resultado adverso”, recalcó.
En un posicionamiento, la Coparmex reprobó la eliminación del que llamó “el único organismo capaz de evaluar, con rigor e independencia, la política social del Estado mexicano”.
Sus informes –agregó--revelaron progresos, pero también errores y retrocesos en los programas sociales.
“No es casual que haya sido blanco de descalificaciones por parte del gobierno anterior, especialmente cuando en 2021 documentó que 3.8 millones de personas más habían caído en la pobreza. Dos años más tarde, celebró una supuesta salida de 9 millones sin mencionar que, para entonces, el Coneval ya había sido debilitado”, indicó.
Alertó que transferir las funciones del Coneval al INEGI implica confundir dos tareas distintas: el INEGI genera datos; el Coneval evaluaba políticas públicas.
Aseveró que esa confusión de responsabilidades puede erosionar su credibilidad ante académicos, sectores productivos y organismos internacionales que confían en la imparcialidad y solidez de su trabajo.
“Una cosa es contar, otra es analizar impacto. La especialización del Coneval permitió identificar qué programas funcionaban y cuáles no”, estableció.
La Coparmex insistió en que convertir al Coneval en juez del desempeño gubernamental, distorsiona su naturaleza técnica y lo expone a presiones políticas.
“Involucrarlo en valoraciones sobre políticas públicas lo aleja de su misión original: producir datos objetivos, confiables y con rigor metodológico”, aseveró.