Con 107 votos a favor, el pleno del Senado aprobó una reforma para el sector ferroviario nacional, que busca recuperar el control estatal sobre esta infraestructura estratégica para lo cual crea la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), un nuevo organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, que coordinará y fomentará el desarrollo del transporte ferroviario y multimodal en el país.
El dictamen establece que esta reforma responde a la necesidad de modernizar la red ferroviaria mexicana, considerada insuficiente para atender los desafíos de movilidad y conectividad del siglo XXI.
Actualmente, el transporte ferroviario representa apenas el 19 por ciento del volumen total del transporte terrestre, situación que limita su potencial logístico, económico y ambiental.
En este contexto, se busca la reactivación del transporte de pasajeros y la expansión de rutas en distintas regiones se consideran estratégicas para dinamizar el mercado interno, generar empleos y detonar el desarrollo regional.
Esta nueva reforma establece la facultad del Estado para asignar directamente a empresas públicas los proyectos ferroviarios de carga y pasajeros.
Esto marca un giro respecto al esquema anterior, basado en concesiones privadas, y busca garantizar que la infraestructura construida permanezca bajo propiedad y operación estatal.
Dichas asignaciones serán indefinidas, no transferibles y los bienes desarrollados pasarán automáticamente a formar parte del patrimonio nacional, incluidos patios de maniobra, estaciones y centros logísticos.
La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario adquiere nuevas atribuciones para imponer sanciones tanto a concesionarios como a quienes operen bajo asignaciones, permisos o autorizaciones.
Las sanciones abarcan desde la revocación por inactividad, cesión indebida de derechos o cambio de nacionalidad, hasta penalizaciones por prácticas anticompetitivas, tarifas no registradas o incumplimiento de indemnizaciones.
Las reformas no solo buscan consolidan el papel del Estado como planificador y operador, sino que también fortalecen sus capacidades regulatorias.
En términos legislativos, las modificaciones alcanzan a una amplia gama de leyes: la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley General de Bienes Nacionales.
Esta armonización normativa pretende consolidar una visión integral y de largo plazo en materia de movilidad, sustentabilidad y desarrollo económico.
La reforma representa un esfuerzo por revertir la desarticulación del sistema ferroviario provocada por las políticas neoliberales de décadas pasadas.
Al reafirmar la función estratégica del transporte ferroviario, el Estado mexicano busca garantizar su operación con criterios de interés público, equidad territorial y soberanía nacional.