CDMX — Aunque a sus seis años de edad recién cumplidos Santiago es inimputable, el pequeño asiste a diario a un “castigo” extraescolar en el área de galeras de la Coordinación Territorial CUH-1, alcaldía Cuauhtémoc, donde su frágil mirada se cruza con los ojos de detenidos esposados. El sueño lo vence a las 22:00 horas en espera de que su mamá agente del Ministerio Público satisfaga a la fiscal Martha Karina Reyes Rodríguez, que junto con sus allegadas Sandra Baca y Carmen Sumano, jefas de Judicialización y de Dictaminación, en ese orden, le permitan ir a dormir a su casa, a poco más de una hora de distancia.
Aunque algunos medios de comunicación impresos y digitales, incluso por redes sociales, dieron a conocer la explotación laboral que vive Guillermina Rodríguez, de 36 años y madre soltera de Santiago, no se reparó en que al menor de edad le son denegados, por parte de las servidoras públicas, derechos humanos protegidos por la Constitución, además de que la Corte ya ha dejado en claro la obligatoriedad de hacer valer el interés superior de la niñez.
Desde febrero pasado, los cambios administrativos generados con la llegada de Bertha Alcalde Luján como fiscal general de Justicia de la Ciudad de México trastocaron la infancia de Santiago hasta ponerlo en riesgo de que sea puesto a disposición del DIF, porque “las jefas” de su mamá le impiden que pueda recogerlo a tiempo en el preescolar.
Guillermina Rodríguez señala que está al límite de sus responsabilidades labores que abarcan más de 13 horas continuas y sin descansos de su obligación de madre que es de tiempo completo. No hay ajuste razonable a su condición de mamá soltera.
El pasado miércoles su estrés la hizo estallar en redes sociales para denunciar, no ante el Ministerio Público por violencia de género ni por los derechos violentados a su hijo de seis años, que duerme bajo escritorios o en sillas de oficina, en áreas que le asignan con exposición a presuntos homicidas, asaltantes y extorsionadores, los detenidos más comunes en la CUH-1, donde además hay un hacinamiento laboral por remodelación de las oficinas de la CUH-2, ubicadas en la colonia Guerrero, que se extenderá por más de un año.
Guillermina dice que se enteró por compañeros de la fiscalía que “está castigada”, mientras que sus superioras le asignan más trabajo “como halago” a su capacidad para desahogar audiencias en el Reclusorio Norte en horarios que le ahorcan para ir por su hijo a la escuela y llevarlo consigo para todas partes.
“Estoy castigada desde muchas semanas, con horario laboral de más de 13 horas, por ir a recoger a mi hijo al kínder. Soy madre soltera y no tengo con quién dejarlo. Sólo somos él y yo. No recibo apoyo de nadie, menos de la fiscal Martha Karina, quien conoce por mi propia voz la condición de madre soltera y a quien he pedido los ajustes razonables por el bien de mi hijo. Su respuesta es ‘lo vemos’”, comparte la MP, quien señala que esas respuestas las replican sus superiores Sandra Baca y Carmen Sumano.
Con 14 años de trayectoria dentro de la fiscalía capitalina, Guillermina Rodríguez ha escalado en cargos públicos por exámenes y evaluaciones. Nunca había sido castigada por ningún motivo, pero el arribo de mujeres al frente de la fiscalía en Cuauhtémoc ha complicado su labor de madre, lo que pone en peligro no sólo el óptimo desarrollo de su pequeño hijo, sino hasta su vida.
En reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se ha refrendado el interés superior de la niñez y se deja en claro que éste “deberá ser considerado de manera primordial cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo. Se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.”
Esta ley reglamentaria de los artículos 1º. y 4º de la Constitución señala que es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables”.
Y se le pregunta a la MP:
-¿Por qué no también denunciar ante el MP la violencia de género y la violación de los derechos de la niñez?
-Miedo a perder el empleo. No puedo dejar a mi hijo a la deriva de sus necesidades.
