Entre protestas y guerra de mantas, el Senado aprobó por 67 votos a favor y 29 en contra y 6 abstenciones, el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, bautizada por la oposición como la “Ley Espía”.
La oposición alertó que esta Ley promueve un modelo de vigilancia masiva sin controles judiciales, lo que representa un retroceso democrático y una amenaza a la privacidad de los ciudadanos.
Este dictamen establece la a interconexión obligatoria de todas las bases de datos públicas relacionadas con seguridad, como registros vehiculares, biométricos, telefónicos, fiscales, de armas, salud, comercio, telecomunicaciones, transporte y propiedad, entre otros.
Tanto autoridades federales, estatales y municipales como actores privados con información relevante estarán obligados a colaborar con el sistema, cuyo centro operativo estará coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de una nueva Subsecretaría de Inteligencia e Investigación.
La Guardia Nacional jugará un papel operativo clave en la ejecución de tareas de inteligencia, en estrecha coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al que podrá solicitar acceso a bases de datos y documentos.
El nuevo marco legal permitirá utilizar productos de inteligencia como insumos para judicializar carpetas de investigación, en coordinación con los ministerios públicos.
En la misma sesión, el Senado aprobó la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alineada con la Estrategia Nacional 2024–2030 impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ambos decretos se turnaron al Ejecutivo para su publicación.
El último día de periodo extraordinario en el Senado fue testigo de otra guerra de mantas entre Morena y la oposición que desplegó en el pleno una manta con la leyenda “Gobierno Espía”.
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La respuesta vino de inmediata y Morena colgó otra manta donde se leía: “Genaro García Luna, narcotraficante. Calderón, su jefe”.
Durante más de tres horas, morenistas , panistas, priistas y emecistas se confrontaron por el contenido de esta ley a la que en voz del coordinador del blanquiazul en el Senado, Ricardo Anaya acusaron de ser el último clavo en el ataúd para acabar con la privacidad ciudadana y dar paso al gobierno espía.
“Absolutamente todo lo que haga un ciudadano, podrá verlo y saberlo el gobierno. Este periodo extraordinario será recordado como uno de los más oscuros donde se consolidó el gobierno espía…espiarán a todos los ciudadanos”, advirtió Anaya.
En tanto que el senador del PRI, Miguel Riquelme, lamentó que la mayoría oficialista impulsara reformas “engranadas en un solo propósito: instaurar un Estado Policial Militar:
“Es de sorprender que quienes ayer lucharon por garantizar derechos, hoy los arrebatan con reformas engranadas en un solo propósito: instaurar un Estado Policial Militar y en consecuencia un Estado Absolutista. Lamento profundamente que este periodo extraordinario quede enmarcado por procesos legislativos opacos, por dictámenes mal hechos y por la falta de voluntad para construir leyes que realmente sirvan al pueblo de México”, señaló.
Morena a través del senador Saúl Monreal desestimó las críticas de la oposición y sostuvo que no se trata de espionaje, sino de “inteligencia legítima” como la que operan democracias consolidadas.
“No hay espionaje, hay inteligencia legítima como la que operan las democracias que el mundo considera consolidadas. En Estados Unidos existen más de 80 centros de inteligencia que integran información federal, estatal y local para anticipar amenazas”, intentó justificar
El dictamen establece la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, una estructura institucional destinada a coordinar, centralizar y analizar la información generada por todas las instancias de seguridad del Estado mexicano.
Esto incluye a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, fiscalías, policías estatales y municipales, aduanas, unidades de inteligencia financiera y, en ciertos casos, entidades privadas.
Aunque el dictamen aclara que el acceso a datos personales estará sujeto a la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley de Transparencia, legisladores de oposición y organizaciones civiles han advertido sobre el riesgo de uso político o ilegal de la inteligencia, y señalan que el nuevo sistema podría abrir la puerta al espionaje institucionalizado.
Se prevé que esta estructura también fortalezca la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, en temas como el tráfico de armas, drogas, personas y dinero, además de robustecer acuerdos como el Entendimiento Bicentenario.
El nuevo marco legal permitirá utilizar productos de inteligencia como insumos para judicializar carpetas de investigación, en coordinación con los ministerios públicos.
Entre los objetivos del sistema destacan:
• Identificar estructuras criminales y su presencia territorial.
• Documentar modos de operación y estrategias financieras.
• Analizar factores políticos, económicos y sociales vinculados al delito.
• Obtener información clave para investigaciones judiciales.
• Priorizar delitos como homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada, robo al transporte y robo de hidrocarburos.
Aprueba Senado nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
En la misma sesión, el Senado aprobó la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, alineada con la Estrategia Nacional 2024–2030 impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La legislación busca fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno, consolidar a la Guardia Nacional con enfoque civil y de derechos humanos, y crear un sistema nacional de inteligencia operado desde la SSPC.
El nuevo marco legal apuesta por la prevención, la profesionalización policial, la interoperabilidad de datos y la participación ciudadana, bajo principios como legalidad, eficiencia y perspectiva de género.