Luego de la reforma y las elecciones de pasado 1 de junio donde se eligieron 881 cargos para el poder judicial, el Senado enfrenta ahora una nueva disyuntiva institucional: la falta de un mecanismo claro para la toma de protesta de los ministros, magistrados y jueces, electos.
Esta situación en el futuro podría llevar a escenarios indeseables, como retrasos en la integración de los órganos jurisdiccionales o incluso vacíos de autoridad, afectando el debido funcionamiento del Poder Judicial.
En un acuerdo impulsado por la Mesa Directiva de la Cámara Alta, se reconoce que, si bien el nuevo diseño electoral fue elaborado con exhaustividad, la legislación secundaria omitió un aspecto crucial:
Establecer la obligación de que las autoridades electorales y judiciales informen formalmente al Senado sobre los resultados definitivos de la elección y sobre las impugnaciones resueltas, a fin de que la Cámara Alta pueda estar en condiciones materiales suficientes para llevar a cabo la toma de protesta conforme lo establecen los artículos 96, fracción IV, y 97 de la Constitución.
La ausencia de este mecanismo de comunicación ha generado incertidumbre respecto al proceso de asunción de los nuevos cargos judiciales.
En la actualidad, no existe un procedimiento claro que asegure que el Senado contará con la información oficial, actualizada y definitiva que permita programar y celebrar el acto protocolario de toma de protesta en tiempo y forma.
“El correcto funcionamiento del sistema de justicia electoral y la operatividad del Senado requieren procedimientos claros y eficientes”, señala el documento aprobado por la Mesa Directiva.
En él se destaca que esta omisión podría derivar en escenarios como retrasos en la integración de los órganos jurisdiccionales o incluso vacíos de autoridad, afectando el debido funcionamiento del Poder Judicial.
La reforma constitucional, publicada el 15 de septiembre de 2024, marcó un hito en la vida democrática del país al establecer que ministras y ministros de la Suprema Corte, así como magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sean electos por el voto popular.
Esta transformación en el modelo de designación judicial fue promovida por el oficialismo como una vía para fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial, aunque también ha sido motivo de fuertes críticas por parte de académicos, juristas y actores internacionales, que advierten riesgos de politización.
A pesar del carácter inédito y disruptivo de esta reforma, el Legislativo no previó un esquema formal de comunicación entre el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral y el Senado.
A partir de que el Senado es la instancia facultada constitucionalmente para recibir la protesta de ley de las y los juzgadores electos, la omisión legislativa pone en riesgo el cumplimiento de una de sus funciones esenciales.
En respuesta a esta problemática, la Mesa Directiva propuso un acuerdo mediante el cual se establecerá un procedimiento institucionalizado que garantice que la Cámara Alta reciba en tiempo y forma la información necesaria para cumplir con su deber constitucional.
“Es imperativo establecer un procedimiento claro de comunicación entre las autoridades electorales, judiciales y el Senado”, advierte el documento, en el que también se subraya la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de esta Cámara para contribuir a la estabilidad y eficiencia del sistema de justicia en México.
Se buscará establecer lineamientos operativos entre las autoridades involucradas, a fin de garantizar que la toma de protesta de los nuevos juzgadores se realice sin contratiempos.
La propuesta forma parte de una serie de medidas legislativas emergentes que buscan complementar la implementación de la reforma judicial y corregir omisiones que, de no atenderse, podrían impactar negativamente en la gobernabilidad del sistema judicial.