Ante el hallazgo de 383 cuerpos en condiciones insalubres en un crematorio de Ciudad Juárez, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió que la investigación se conduzca bajo los más altos estándares forenses y con apego irrestricto a los derechos humanos, como establece el reciente informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU.
Aunque el caso aún está envuelto en opacidad —sin información clara sobre las causas de muerte, las condiciones del resguardo de los cuerpos ni la identidad de más de 300 de ellos—, lo ocurrido en el crematorio “Plenitud”, que operó entre 2020 y 2025, ha sido descrito como una muestra extrema de negligencia y posible omisión institucional.
El organismo internacional instó a las autoridades mexicanas a adoptar medidas integrales que respeten no sólo la memoria de los fallecidos, sino también los derechos de sus familiares, en línea con lo que señala el informe A/HRC/56/56, presentado este año en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El documento, elaborado por el relator Morris Tidball-Binz, enfatiza que el respeto a los muertos no es una concesión moral, sino una obligación jurídica.
“La protección de los restos humanos debe estar garantizada por protocolos claros que eviten su deterioro, pérdida o manipulación. La negligencia institucional también puede constituir una forma de violencia estructural”, advirtió Tidball-Binz en la presentación del informe, que recomienda que todos los Estados elaboren principios rectores para garantizar la protección post mortem basada en derechos humanos.
Entre los estándares que el informe considera ineludibles están la aplicación del Protocolo de Minnesota para la investigación forense, la identificación con códigos únicos, el uso de bolsas mortuorias y registros fotográficos, así como la trazabilidad de cada cuerpo. Estas prácticas permiten no solo preservar la evidencia en casos de posibles delitos, sino también garantizar el derecho de las familias a conocer la verdad y dar sepultura digna a sus seres queridos, según sus creencias religiosas o culturales.
Además, el documento recuerda que la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, firmada por México, impone obligaciones específicas: buscar, identificar y devolver los restos, mantener registros adecuados y evitar prácticas que puedan constituir trato inhumano o degradante.
El caso de Ciudad Juárez podría revelar, además de la falta de controles sobre empresas funerarias —al menos seis están involucradas—, también una crisis más amplia sobre cómo el país gestiona los restos humanos en contextos marcados por la violencia, la impunidad y el colapso institucional. Por ello, la ONU-DH subraya que incluso en escenarios como pandemias o desastres naturales, se deben evitar entierros masivos sin registro o incineraciones arbitrarias.
“El trato indigno a los cuerpos no sólo vulnera derechos fundamentales, también entorpece los procesos de justicia y reparación”, advierte el informe, que señala que la mutilación, profanación o despojo de cadáveres, así como la difusión de imágenes degradantes, deben considerarse prácticas inadmisibles y sujetas a sanción.
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha dado a conocer con precisión el origen de los cuerpos ni por qué fueron acumulados en ese lugar sin ser procesados. Organizaciones civiles han exigido que se garantice la transparencia en las investigaciones, la identificación de los cadáveres y el acompañamiento adecuado a las familias.
La ONU-DH reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para asegurar que las medidas que se adopten a partir de este hallazgo estén alineadas con el marco internacional de derechos humanos. El objetivo, insistieron, debe ser claro: asegurar verdad, justicia y memoria, incluso después de la muerte.