Ante tales declaraciones, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD, A.C.), precisó indispensable que la opinión pública, las organizaciones sociales y el conjunto de fuerzas políticas de México, cobren conciencia de los riesgos que entrañan esa situación y comprender que ocurrirán en un contexto “fuera de toda normalidad constitucional”.
El Instituto adujo que la presente legislatura del Congreso de la Unión fue integrada merced a una doble maniobra que le dio a la coalición gobernante una sobrerrepresentación inconstitucional e ilegal en la Cámara de Diputados y una mayoría calificada en el Senado alcanzada “mediante la extorsión y la amenaza”.
Dada esa situación,el IETD pretende llamar la atención para solicitar al conjunto de actores públicos un especial cuidado para abordar una reforma de la que dependerán la confianza, la autenticidad y la equidad en las elecciones mexicanas.
A propósito, y como un primer punto, el Instituto afirmó que toda reforma electoral debe ser el resultado del más amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas y nunca una decisión unilateral. Las normas electorales son las reglas del juego democrático a las que todos los actores políticos (partidos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general) deben ajustarse en la contienda por los poderes públicos a través del voto popular. De ahí que este tipo de reglas exijan de la aceptación de todos aquellos que van a someterse a sus condiciones y modalidades; “de ello depende la legitimidad de los representantes y gobernantes electos”.
En segundo lugar, la organización manifestó la necesidad de diseñar un sistema que nos acerque por fin al ideal democrático y representativo: tanto porcentaje de la votación, tantos escaños en el Congreso, lo mismo en la Cámara de Diputados, en la de Senadores como en los Congresos locales; “una condición esencial del carácter democrático de la representación política, es que el peso electoral de cada partido coincida con el peso que tiene en los órganos legislativos”.
En concreto, el IETD, se pronunció por aumentar el número de diputaciones electas por el sistema de representación proporcional para alcanzar una proporción de 50/50 por ciento respecto de las diputaciones electas por el sistema de mayoría relativa. En otras palabras: 250 diputados de mayoría y 250 de representación proporcional, asimismo, propuso que todos los integrantes del Senado de la República sean elegidos a través de un sistema exclusivamente proporcional con circunscripciones estatales. De este modo, se elegirían a cuatro senadores en cada entidad federativa de manera proporcional a los votos recibidos por cada partido o coalición a través del sistema de cociente de distribución y resto mayor.
Como tercer punto,se debe garantizar la autonomía de las autoridades electorales, así como la profesionalización de las mismas.
A decir de los signatarios del documento, el consenso de todos los actores políticos en torno a quienes serán los responsables de organizar las elecciones es fundamental como condición de integridad democrática. Por eso su nombramiento debe hacer prevalecer, además de las capacidades técnicas de quienes integren el Consejo General del INE, el reconocimiento y confianza de origen del conjunto de partidos políticos, protagonistas centrales de las contiendas electorales. En virtud de ello y dadas las condiciones actuales el IEDT señala indispensable:
- Que dicho nombramiento recaiga en el Senado y no ya en la Cámara baja, dada la distorsión en la representación que hoy existe en la Cámara de Diputados. Un tipo de nombramiento tal como ocurre con el resto de los titulares de los órganos constitucionales autónomos.
- Que el porcentaje requerido para hacer esas designaciones se eleve a una votación calificada de 3/4 de los miembros presentes en la Cámara Alta. Ello exigiría la construcción de consensos amplios entre todas las fuerzas políticas presentes en ese órgano.
Adicionalmente, garantizar la subsistencia y fortalecimiento del Servicio Profesional Electoral Nacional, que constituye la columna vertebral de las capacidades organizativas del INE, como un servicio civil de carrera centrado en concursos de ingreso y promoción en rango tanto abiertos como cerrados, así como en la capacitación permanente y en la evaluación periódica de sus miembros; “Cualquier intento de socavar, reducir o eliminar dicho Servicio impactaría directamente en la calidad de nuestros procesos electorales”.
Con respecto a las magistraturas del Tribunal Electoral y vista la experiencia reciente, “creemos, que es obligado establecer su designación con un umbral de 75 por ciento de los votos en el Senado, abriendo la participación y propuesta a las universidades, los colegios y las barras de abogados del país”, continúa el comunicado.
Finalmente, el instituto se dijo convencido de que el financiamiento público también debe distribuirse con la misma razón equitativa: la mitad de la bolsa en consonancia con la votación de cada partido, la otra mitad, de modo igualitario.
“Frente a la invasión de dinero ilícito en la política así como frente a los fenómenos oligárquicos en los que el dinero de magnates resulta decisivo, nosotros creemos que el financiamiento público debe ser el componente central del gasto durante las campañas y asimismo debe garantizar las condiciones de operación permanente de los partidos políticos en tanto estructuras de organización y representación”.
En la óptica del organismo, estás son las cuatro coordenadas básicas de cualquier reforma electoral que se precie democrática: buscando el más amplio consenso; fortaleciendo la representación proporcional (demanda histórica de la izquierda democrática); garantizando autonomía, imparcialidad y profesionalismo de los órganos electorales, y procurando que el dinero público y no el financiamiento privado y menos criminal, sean el sostén de los procesos electorales en México.