El PRI en la Comisión Permanente busca reformar la Ley de Seguridad Nacional, para clasificar como amenaza a la integridad del Estado mexicano los actos ilícitos relacionados con la extracción, tráfico o destrucción de recursos naturales estratégicos, cuando estos sean financiados por organizaciones criminales.
El tricolor advierte que delitos como el robo de combustibles, la pesca furtiva, la tala clandestina y el tráfico de flora y fauna silvestre están cada vez más vinculados con grupos delictivos, generando graves daños ambientales, desplazamiento de comunidades y pérdidas económicas para el país.
“La Ley de Seguridad Nacional no contempla explícitamente estos delitos ni establece mecanismos de coordinación operativa”, establece el senador priista Pablo Angulo Briceño.
El legislador priista presentó una iniciativa en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para modificar la Ley de Seguridad Nacional e incorporar como amenaza los actos ilícitos contra recursos naturales cuando comprometan la seguridad energética, alimentaria o territorial del país.
También propone que la seguridad nacional se rija por principios de paz, legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos humanos y ambientales, y que los servidores públicos actúen bajo estos valores.
“Proteger nuestros recursos naturales no es solo un deber ambiental, sino una cuestión de seguridad nacional y de derechos. Esta reforma busca cerrar brechas legales y frenar el poder del crimen organizado sobre el patrimonio natural de México”, indicó.
Angulo Briceño Consideró urgente atender esta omisión legal para garantizar la soberanía ambiental y el desarrollo sostenible.
Tan solo el contrabando fiscal de gasolinas y diésel, también llamado huachicol fiscal, provocó pérdidas para el gobierno federal de 177,170 millones de pesos en el 2024, es decir, 485 millones de pesos diarios, según datos de la consultora PETROIntelligence,
Tala inmoderada
En México cada año se deforestan 500 mil hectáreas, aseguró Jorge Soberón Mainero, del Instituto de Ecología de la UNAM, quien agregó que esta práctica es grave para la población, porque los bosques generen beneficios ambientales adicionales: fijan el suelo, regulan los ciclos hidrológicos, previenen la erosión y permiten que se filtre el agua a los mantos acuíferos.
Las principales causas de deforestación en nuestro país son la tala clandestina, incendios y cambio de uso del suelo, es decir, cuando se cortan árboles para sustituirlos por cultivos, pastizales o ganadería, aunque en este último caso no se pueden recuperar los bosques, puntualizó.
Para muchos campesinos, precisó el especialista en ecología, la utilización del bosque no es alternativa; cortan los árboles para usar la tierra en ganadería o agricultura. “Eso no va a cambiar mientras no exista una verdadera transformación social”, advirtió.
Asimismo indicó que aunque la deforestación cambia de un estado a otro, hay zonas, como el sureste del país, dominadas por la ganadería y la expansión de la frontera agrícola; mientras que en los bosques templados, ubicados en las sierras Madre Occidental y Madre Oriental, se registran más incendios y tala clandestina.
Por ello, dijo, la deforestación se puede dar en cualquier época del año y no sólo en periodo de secas. En este sentido, los árboles de Navidad no son una de las principales causas de esta problemática, pues aunque todavía hay tala ilegal, la mayor parte de los pinos tienen un sello legal.