La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la una recomendación dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), tras acreditar violaciones a los derechos de una trabajadora a vivir una vida libre de violencia y al trabajo.
El caso se remonta al 8 de enero de 2025, cuando la víctima denunció abusos por parte de funcionarios de las dependencias. Posteriormente, la SEGOB la cesó de su cargo como coordinadora general de Centros Penitenciarios del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Paralelamente, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició de manera irregular una averiguación previa que derivó en su consignación y aprehensión por el delito de evasión de presos, bajo el argumento de que favoreció la fuga de una persona privada de la libertad del Centro Federal de Readaptación Social número 1 (CEFERESO 1).
Además, la extinta Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos. La CNDH destacó que estas acciones carecieron de sustento legal y evidencian violencia institucional, pues la mujer fue la única servidora pública de alto nivel sancionada, pese a que no tenía funciones de supervisión directa en el penal y existían mandos masculinos responsables que no fueron señalados.
La Comisión subrayó que este trato diferenciado refleja dinámicas de desigualdad de género en el ámbito institucional, al ejercerse sanciones más severas únicamente contra la única funcionaria mujer en un puesto de liderazgo.
Entre las medidas ordenadas, las dependencias deberán reparar integralmente el daño, realizar una campaña de difusión para visibilizar y prevenir la violencia institucional contra las mujeres, y garantizar que no se repitan prácticas similares. En particular, la SEGOB deberá ofrecer un acto público de disculpa institucional, mientras que la SABG deberá garantizar que la afectada pueda postularse nuevamente para cargos en la administración pública federal.