Entre mantas que colgaron con los rostros de morenistas presuntamente vinculados a escándalos de corrupción, el pleno del Senado aprobó reformas para fortalecer el combate al delito de extorsión con la cual se ordena al Congreso de la Unión que expida una ley en la materia para homologar este delito y sus sanciones en todo el país.
Con 106 votos a favor, el dictamen fue avalado por los senadores quienes destacaron que esta reforma busca fortalecer el combate a la extorsión que es un delito de alto impacto, pues sus repercusiones no sólo afectan a víctimas de manera individual, sino que dañan el patrimonio colectivo, la economía nacional y la estabilidad emocional y psicológica de la población.
De acuerdo con cifras oficiales, la incidencia de este delito ha crecido en los últimos años, al pasar de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 en enero de 2025.
En enero del 2025 se registraron un promedio de 30 extorsiones al día, lo que representa un incremento del 57 por ciento en los últimos seis años, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es el delito más frecuente para las unidades económicas con pérdidas de 124 mil millones de pesos, tan solo en 2023, de acuerdo con el INEGI.
El documento precisa que actualmente existe una disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos penales locales, lo que dificulta su persecución y ha permitido que la delincuencia organizada aproveche las diferencias jurídicas para evadir la justicia.
Por ello, la reforma busca que la Constitución otorgue al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de extorsión, con el propósito de eliminar la fragmentación jurídica que obstaculiza la impartición de justicia y genera inseguridad en las víctimas.
Desde la tribuna, el senador de Morena, Antonino Morales Toledo, destacó que la iniciativa permitirá homogeneizar la tipificación del delito de extorsión y sus sanciones en todo el país, cerrando las brechas legales que los grupos criminales han aprovechado para operar.
“Cada entidad había intentado enfrentarlo con su propio código penal, lo que generó desigualdades y espacios de impunidad. Hoy damos un gran paso con un marco legal general que dota a las autoridades de mayores capacidades de respuesta, privilegiando siempre la atención y protección de las víctimas”, afirmó.
El legislador oaxaqueño destacó el compromiso de su partido con la agenda de seguridad nacional y con la construcción de un México con justicia paz para todos.