CDMX — Durante el primer mes de trabajos del pleno de la llamada nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con nueve integrantes, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó por liderar el número más alto de proyectos, un total de 30 de su ponencia, de los 70 presentados a debate.
Tan sólo de los asuntos listados para su análisis el 11 de septiembre, siete eran de Yasmín Esquivel.
Así, de los asuntos expuestos al pleno, 30 fueron fallados, entre los que sobresalen los que se discutieron durante los tres días de esta semana, como la Alerta Registral en Nayarit, enfocado en la obligatoriedad de activar este mecanismo encaminado a evitar despojos por la vía institucional.
También tuvo a favor el proyecto de resolución el de protección de derechos reproductivos de las mujeres y de personas gestantes de Zacatecas. Este último aprobado el pasado martes.
La SCJN resolvió que mediante normas claras y sin ambigüedades esos derechos no pueden ser vulnerados.
En la discusión se invalidó la frase “con o sin conocimiento de la víctima”, dentro del Código Penal de Zacatecas, relativo al delito de aborto forzado; al considerar que la redacción era confusa porque no especificaba a qué tipo de conocimiento se refería o quién debía ser considerado como víctima, lo que podía dar lugar a interpretaciones arbitrarias, influenciadas por criterios personales, religiosos o culturales.
El pleno de ministros votó a favor de garantizar la mayor claridad para determinar cuándo se configura del delito de aborto forzado en la entidad, además de evitar interpretaciones desproporcionadas y proteger de manera efectiva a quienes sean víctimas de ese delito.
Esta acción de iconstitucionalidad (189/2024) fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 311 Bis del Código Penal de Zacatecas.
La Corte también aprobó sanción penal para quien someta a terapias de conversión a personas con discapacidad.
Al analizar su propuesta de resolución a la acción de la acción de inconstitucionalidad 203/2023 contra el Código Penal del estado de Yucatán que contiene la expresión “incapaces”, como lo estableció el Congreso de la entidad.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa explicó que el análisis de toda normativa que aborde el tema de las personas con discapacidad debe hacerse siempre desde la perspectiva de los principios de igualdad y no discriminación.
“Aunque la palabra ‘incapaces’ no es acorde con el actual modelo social de la discapacidad, la consecuencia de invalidarla pondría en riesgo los derechos de las personas con discapacidad que por cualquier circunstancia ya tengan una declaración de incapacidad y sean víctimas de este delito. Lejos de leerse como un mensaje estigmatizador, debe entenderse que la norma fortalece la protección de este grupo vulnerable”, sostuvo.
Al exponer su proyecto, Esquivel Mossa precisó que la propia norma penal entiende a las “terapias de conversión” como aquellas terapias o tratamientos que buscan modificar o reprimir diversas modalidades de la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión o manifestación de género de una persona.
