El sector empresarial del país pidió al Senado ajustar la Reforma a la Ley Aduanera aprobada por los diputados para que se concentre e en combatir la ilegalidad sin poner en riesgo la operación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que puede ser gravemente afectadas por las exorbitantes multas y sanciones que se establecieron.
Para el gremio empresarial es indispensable que la Cámara Alta rectifique las sanciones onerosas que llegarían hasta 300%, lo cual pondría en riesgo de desaparecer una pyme; además se requieren plazos transitorios para cumplir con algunos trámites en las aduanas.
“La autoridad debe contar con herramientas firmes para combatir la ilegalidad, pero sin generar cargas excesivas que terminen afectando al sector productivo, especialmente a las MiPyMEs, que representan más del 70% del empleo formal del país”, pugnó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
El organismo que encabeza Juan José Sierra, recordó que las aduanas son la puerta de entrada al desarrollo económico y en ellas se define buena parte de la competitividad de México frente al mundo.
Por ello, demandó que la reforma concentre su fuerza en quienes defraudan, no en quienes cumplen.
La Coparmex consideró que se requieren ajustes técnicos que garanticen proporcionalidad en las sanciones y plazos razonables para la implementación tecnológica.
“La primera observación se centra en el artículo 59 que busca integrar un expediente electrónico único. Esta medida es positiva, pero su implementación requiere tiempo. Proponemos que entre en vigor 12 meses después de la publicación de la reforma, para que las empresas puedan adaptar sus sistemas, homologar catálogos y capacitar a sus equipos. Con una transición gradual, se garantiza información confiable y se evita sancionar fallas técnicas inevitables durante el proceso”, dijo.
Además, respecto al artículo 89, insistió en conservar la posibilidad de rectificar información antes del Mecanismo de Selección Automatizado (MSA), pues restringirla sería equivalente a impedir que un contribuyente corrija su declaración antes de enviarla al SAT.
“Mantener esta facultad refuerza la transparencia, distingue los errores de buena fe del intento de fraude y permite enfocar los esfuerzos de fiscalización en los casos de riesgo real”, indicó