CDMX — Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, publicó en el ‘Diario Oficial de la Federación’ (DOF) la reforma a la Constitución para facultar a los diputados a crear una ley general contra la extorsión, que debe seguir 5 ejes de acción, entre ellos la investigación e inteligencia policiales, fomento a la creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicación del protocolo de atención a víctimas, capacitación a operadores en manejo de crisis y negociación y la implementación de una campaña de prevención nacional.
Con esta reforma se afianzará el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en el que se declaró la atención de este delito y se calificó como de alto impacto.
“La iniciativa por sí misma se justifica como urgente e inaplazable. En México se demuestran que día con día se comete este delito de extorsión que atenta contra personas, familias trabajadoras y comercios, incluso se ha presentado un desafortunado crecimiento y evolución en sus modalidades de ejecución”, se advierte como parte de la exposición de motivos de la Presidenta para expedir la primera ley general contra la extorsión.
En 1984, se tipificó esta conducta como delito en el Código Penal Federal. Actualmente, éste ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías y en estrecha relación con las actividades de la delincuencia organizada.
“El ‘modus operandi’ supera contundentemente la norma. Por otro lado, existe una diversificación de tipos, puesto que cada estado codificó su tipo penal y su propia sanción, complicando su atención”, señala el documento.
El delito de extorsión –expone—cuenta con elementos y cifras que lo identifican, se advierten modalidades y situaciones que ampliamente justifican la reforma constitucional para otorgar facultades al Congreso de la Unión para la creación de una ley general que armonice, sistematice y homologue, y así combatir adecuadamente el delito descrito.
El decreto publicado en el DOF, es el siguiente: DECRETO por el que se declara reformado el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión.