En un largo debate que se prevé para este martes en el pleno de la Cámara de Diputados, las comisiones unidas de Hacienda y de Justicia, presididas por Morena, dieron luz verde al dictamen de salida de la minuta enviada por el Senado a su colegisladora como Cámara revisora, y de cuyos artículos transitorios se suprimió el relativo de la retroactividad, que no desaparece de manera definitiva de la iniciativa de reforma.
Previo al debate de fondo, PAN, PRI y MC hicieron uso de su derecho “al pataleo” para posicionarse en contra de que el dictamen circulado hace cinco días a los integrantes de esas comisiones fuera aprobado. Reclamaron que el documento no fuera modificado para incluir propuestas vertidas por casi 40 expertos en Ley de Amparo que acudieron a las audiencias públicas llevadas acabo viernes, sábado y este lunes.
La oposición también pidió que se suspendiera esta sesión de las comisiones y se decretara sesión permanente. Ninguna de esas posiciones pasó.
Al dar lugar al debate del dictamen, por el PRI, Emilio Suárez Licona, acusó albazo legislativo. Señaló violaciones al proceso legislativo, reclamó la negativa de que en San Lázaro no se organizara un Parlamento Abierto para debatir la reforma a la Ley de Amparo, aunque la bancada del tricolor se negó a escuchar a los amparistas, catedráticos y otros interesados en la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Señaló que Morena y sus aliados van por una Ley de Amparo elitista, que reduce el interés legítimo en México para recurrir y se haga efectivo la protección de derechos humanos a través del amparo.
También del PRI, Jericó Abramo Masso reprochó que la reforma a la Ley de Amparo sea una venganza política con afectaciones a 200 mil empresas que tienen temas con el crédito fiscal, pero en cuyos argumentos dejó fuera que muchas de esas empresas primero recurren a la revocación contra el SAT y luego avanzan hasta el juicio de amparo, con suspensión provisional de por medio, tiempo en el que dejan de pagar sus obligaciones tributarias, con daños al erario público.
Por el PT, Reginaldo Sandoval respaldó que la reforma busca evitar más prácticas viciadas en el uso del amparo con “beneficios procesales” para algunos cuantos.
Y advirtió que la 4T no cesará en aniquilar “todo el andamiaje jurídico que se instaló en el periodo neoliberal.
María Luisa Mendoza, del PVEM, aseguró que las opiniones de los expertos que fueron escuchadas en las audiencias publicadas muy probablemente se verá reflejadas en el dictamen final y dio muestras por dónde va la ruta de lo que se aprobará en el pleno.
“Se elimina la posibilidad de reabrir indebidamente el litigio sobre cuestiones ya definidas, lo que tiene un impacto positivo en la seguridad jurídica, la eficiencia administrativa y la recaudación Estas reformas, en su conjunto demuestran un compromiso con una eficaz fortaleza, justo en el proceso de amparo, dotan a los órganos jurisdiccionales de herramientas para deshacer recusaciones improcedentes y limitan tácticas dilatorias, además, el proyecto de dictamen, toma en cuenta distintas observaciones presentadas en materia de irretroactividad en perjuicio de las personas, las cuales es congruente con los principios constitucionales de legalidad, certeza jurídica, que son fundamentales en nuestro sistema normativo. Se adiciona, supuestos de procedencia para el recurso de revocación (por el tema de los créditos fiscales reclamados por el SAT) y se excluye la competencia del tribunal, conocimiento de juicios contra resoluciones fiscales que exijan el pago de créditos ya determinados en liquidaciones firmes.
La Ley de Amparo sí es una ley procesal, como se refirió a ella.
“Se aporta una claridad procesal indispensable, la precisión al artículo quinto de la Ley de Amparo sobre el interés legítimo, es fundamental ya que delimita con mayor rigor, el círculo de sujetos legitimados para proveer el juicio. Se establece que la lesión jurídica debe de ser individual o colectiva. Subrayo, la lesión jurídica debe de ser individual o colectiva, evitando que se restrinja la tutela de derechos colectivos como aducen algunos”, expuso.
Además, resaltó la modernización del marco jurídico al transitar a la digitalización.
“Es la modernización, armonización y fortalecimiento de un eje central para protección de los derechos humanos, como es el juicio de amparo, cambios que nos colocan a la vanguardia en un juicio en línea, traducido con la verdadera accesibilidad de la justicia, proporcionando al quejoso, la facilidad de interponer su demanda desde donde esté”, dijo Mendoza Mondragón.
MC critica incorporación de “interés público” como parte del interés legítimo
El legislador Gustavo de Hoyos, exlíder empresarial, criticó las reformas a los artículos 5º ys 128 con cuatro nuevos requisitos para ser tomado en cuenta como elemento válido para iniciar el juicio de amparo, como es el “interés público”. “Es un paso hacia atrás”, al, señalar que las suspensiones de los actos reclamados se verán vulnerados.
El petista Ricardo Mejía dejó en claro que la reforma se sustenta con criterios de la antigua Corte.
La reforma impulsa evitar que se afecten obras por argumentos políticos, además resaltó también la digitalización de los juicios de amparo.
En Morena, Olga Sánchez Cordero reprueba que se el ponga definición al interés legítimo
La diputada morenista y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero expuso ante las comisiones unidas que durante su paso por la Corte se construyó un criterio doctrinal y jurisprudencial durante la novena y décima épocas de la SCJN.
Sánchez Cordero advirtió que le preocupa cómo se van a entender los derechos difusos (interés legítimo), que va a afectar a colectivos de trabajadores, por ejemplo.
Admitió que esa figura también ha sido objeto de una discrecionalidad lesiva, pero no puede admitirse que se obligue a demostrar el genuino interés legítimo de quienes recurren a suspender los actos reclamados.
Planteó seis preocupaciones, pero en dos ocasiones el tiempo le jugaba en contra. EI interés por su exposición y respeto hacia la diputada la salvó para continuar con sus señalamientos, incluso en el PAN legisladoras le cedieron su tiempo.
“La reforma actual impide la revocación, incluso el pago y los remates, lo que daña a los contribuyentes. En materia de suspensión, pidió reflexión para hacer cambios con matices importantes al dictamen, que refleje que sí hay voluntad de escuchar a todos”.
Dijo que en 2011 se introdujo la ponderación y el buen derecho, aunque eso abrió una caja de pandora.
Criticó que se deje al juez esas valoraciones que puedan dar el traste con el instrumento garantista.
Reprobó que es imposible pedir en todo el país la firma electrónica. Y propuso que se avance en erradicar la brecha digital a través de un artículo transitorio.
Finalmente, el dictamen fue avalado por Morena y sus aliados con el planteamiento de llevar las reservas al pleno de la Cámara de Diputados.
