La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó este miércoles una denuncia formal ante la Contraloría Interna del Senado contra el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, por presuntas faltas administrativas y delitos penales, entre ellos, cohecho, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y ocultamiento de conflicto de interés.
La legisladora solicitó que se abra una investigación integral sobre la evolución patrimonial de Adán Augusto, que incluya la revisión de sus declaraciones fiscales y patrimoniales de los ejercicios 2022 a 2025.
También pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR), así como del SAT, “para verificar la existencia real y comprobable de las operaciones declaradas”.
Asimismo, pidió dar vista al Ministerio Público, al considerar que existen elementos suficientes para la apertura de una investigación penal por delitos fiscales y corrupción.
Señala 37 denuncias previas y desvíos no solventados por 800 millones de pesos
La denuncia se sustenta en investigaciones periodísticas y documentos oficiales que revelarían ingresos no declarados por 79 millones de pesos, presuntamente provenientes de empresas contratistas del gobierno de Tabasco durante la gestión de López Hernández como gobernador entre 2018 y 2022, detalló la también comisionada del IFAI( Transparencia, Acceso a la Información)
Entre las firmas señaladas figuran GH Servicios Empresariales S.A. de C.V., catalogada por el SAT como empresa con operaciones simuladas (EFOS), además de Operadora Turística Rabate y Capital Cargo del Golfo, beneficiadas con adjudicaciones directas durante su administración.
“La omisión de declarar dichos ingresos constituye una falta administrativa grave, y podría configurar delitos como defraudación fiscal equiparada, cohecho y enriquecimiento ilícito previstos en el Código Fiscal de la Federación y en el Código Penal Federal.
“En la denuncia que presento solicito la apertura de una investigación integral sobre la evolución patrimonial de López Hernández, el análisis de sus declaraciones fiscales y patrimoniales en los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, así como la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República”, explicó Pérez-Jaén.
¿Impunidad?
Pérez-Jaén recordó que ya ha presentado 37 denuncias ante la FGR por presuntas irregularidades no solventadas durante la administración estatal de López Hernández en Tabasco, entre 2019 y 2020, por un monto de casi 800 millones de pesos.
“Han pasado cinco años, un gobernador interino y ahora Javier May, y esos recursos siguen sin aclararse. ¿Dónde quedaron esos 800 millones?”, cuestionó.
La diputada también vinculó su denuncia con las revelaciones del colectivo Guacamaya, que exhibieron presuntos vínculos entre Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal La Barredora, y el propio López Hernández.
Afirmó que, pese a tener conocimiento de esa relación, el ahora senador nombró a Bermúdez como su secretario de Seguridad, lo que —según dijo— muestra un patrón de encubrimiento e impunidad.
“Se siente protegido por la presidenta Claudia Sheinbaum y por los senadores de Morena. Pero mi deber ciudadano es agotar todas las instancias legales”, declaró.
La panista acusó directamente al contralor interno del Senado de mantener una “íntima amistad” con López Hernández y le exigió actuar con independencia.
Pérez-Jaén exhortó finalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum a romper el “manto de protección política” sobre el exsecretario de Gobernación y permitir que la FGR actúe.
“Aunque la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo, en la práctica es un apéndice del Ejecutivo. Si la presidenta quiere que la ley se cumpla, debe instruir a la Fiscalía a investigar”, afirmó.
La legisladora concluyó asegurando que continuará presentando denuncias “donde sea necesario”, y subrayó que “no se puede permitir que un funcionario se ampare en la protección presidencial para evadir la justicia”.