CDMX — Como “irracional” calificó el coordinador de los los 253 diputados de Morena, Ricardo Monreal que se le imponga a un servidor público de 10 a 20 años de cárcel por omisión en los casos que conozca de extorsión, mientras que a quienes ejecutan el delito se plantea castigar con penas de 6 a 15 años. No es proporcional, dijo, y aunque el PAN se opuso a lo que llamó ‘reserva (Hernán) Bermúdez, nada pudo hacer para frenar el cambio al dictamen de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ricardo Monreal protestó a los señalamientos de su contraparte panista, el yucateco Elías Lixa, quien le hizo ver “que 120 millones de mexicanos están hartos de los funcionarios corruptos”.
El líder de la bancada morenista respondió que nadie de las otras bancadas propuso cambios al artículo 2 de la Ley General para Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión (tipificado como grave en la Constitución que amerita prisión preventiva oficiosa).
Monreal gritó la irracionalidad en la desproporción para castigar la omisión de los funcionarios en casos de corrupción frente a los que presuntamente sí ejecutan el delito.
“Se aplicará pena de 5 a 12 años de prisión y multa de 600 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos, así como procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o en caso de urgencia ante la Policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta ley”.
La reserva implicó cambios respecto a las disposiciones en caso de que procesa la ley sobre extinción de dominio, lo cual “no procederá respecto de los bienes asegurados que hayan causado abandono a favor del Gobierno Federal o de las entidades federativas, o aquellos bienes respecto de los cuales se haya decretado su decomiso en sentencia ejecutoriada. Lo anterior, sin perjuicio de ejercer las demás acciones procedentes en contra de la persona sentenciada”.
Ricardo Monreal pasó su reserva y se fijó que con respecto a los objetivos mínimos que tendrá la estrategia nacional para prevenir y combatir el delito de extorsión, y se establece disuadir oportunamente la comisión del delito de extorsión mediante la implementación, entre otros mecanismos, de campañas permanentes de información y prevención dirigidas a la ciudadanía.
Se debe “generar información de valor sobre patrones de operación, para su aprovechamiento de las unidades encargadas de investigar y perseguir el delito de extorsión. Mientras que la V queda: Definir metas, líneas de acción y plazos cuantificables para el seguimiento у evaluación de la estrategia que permitan medir su eficacia y los resultados alcanzados, asegurando la rendición de cuentas y transparencia”.
El dictamen, aprobado con los cambios contenidos en una sola reserva. incluyó 11 propuestas que hicieron desde Morena, PAN, PVEM y PT.
El Senado, también dominado de Morena, deberá discutir el tema, aprobarlo o enmendarlo, y finalmente si la jefa del Ejecutivo aprueba la expedición de la nueva Ley General Contra la Extorsión con cambios a su propuesta original.
“El objetivo es establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y otros delitos vinculados; el tipo penal básico para el delito de extorsión aplicable a toda la República, sus sanciones y agravantes, así como otros delitos vinculados en materia de extorsión.”
