El abogado del grupo de escoltas detenidos en relación con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Denunció que la Guardia Nacional permitió el ingreso del atacante y falló en detectar el riesgo, lo que asegura puso en peligro la vida del edil.
¿Cómo fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo?
Se trata de siete elementos de seguridad, quienes acompañaban al alcalde al momento del ataque ocurrido el 1° de noviembre de 2025. En una entrevista, el abogado, Gustavo Carreón, afirmó que no hubo omisión: “ellos permitieron que entrara el riesgo hasta la zona del presidente porque… no detectaron nada ni hicieron ninguna actividad”, lo que obligó al círculo cercano del edil a reaccionar.
El litigante anunció además que apelarán la decisión de un juez que vinculó a proceso a los escoltas por “homicidio calificado en comisión por omisión” al considerar que no hay pruebas suficientes para culparlos por no proteger adecuadamente a Manzo.
Carreón criticó también a los jueces responsables del caso, nombrados mediante votación tras la reciente reforma judicial, por no justificar con claridad los motivos de la vinculación. Según el abogado, la imputación carece de sustento técnico.
Desde los hechos, la investigación había incluido a la Guardia Nacional como parte del esquema de seguridad del alcalde, integrado originalmente por ocho escoltas personales y 14 elementos federales. Pero tras el atentado, autoridades detuvieron a los escoltas durante un operativo conjunto, acusándolos de irregularidades en su actuación.
El caso ha generado polémica debido a la combinación de acusaciones contra los escoltas por omisión o posible complicidad y la responsabilidad atribuida a la Guardia Nacional en no asegurar eficazmente la protección del edil. En este contexto, el abogado de los acusados sostiene que, si las autoridades federales hubieran actuado con diligencia, la tragedia podría haberse evitado.
Con la apelación anunciada, el proceso legal entra en una nueva fase, donde la defensa buscará demostrar que no hubo negligencia de los escoltas sino fallas institucionales en la seguridad. Por ahora, la sociedad y las familias de las víctimas esperan que la justicia revele con claridad lo ocurrido.