CDMX — El Poder Legislativo dominado por Morena, que con sus aliados del PT y PVEM obtiene los votos para cualquier reforma, se congratuló desde la Cámara de Diputados por quedar concluido el proceso para poner orden legal en concesiones de agua y atender también la crisis hídrica que afecta 150 depósitos hídricos en el 71 por ciento del territorio nacional.
Alfonso Ramírez Cuéllar, Pedro Haces Barba, Dolores Padierna y Gaby Jiménez, todos por la Ciudad de México, expusieron que el debate tanto en la Cámara baja como en el Senado dejó en claro que el objetivo de dar luz verde a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para acabar con la impunidad y el acaparamiento del uso del agua, sobre todo en las unidades de riego.
Alfonso Ramírez, vicecoordinador de la bancada morenista, expuso que el acaparamiento del agua es un problema que alcanza el robo de electricidad.
“Yo exijo al gobierno que haga las detenciones necesarias de todos aquellos que tienen pozos ilegales, que están conectados en forma arbitraria de los cables de la Comisión Federal de Electricidad, porque no solamente se roban el agua, sino que también se están robando una cantidad muy grande de energía eléctrica”, expresó.
Ramírez Cuéllar enfatizó que la falta de regulación en la explotación del agua que aún está vigente ha permitido la apertura de hasta 20 mil pozos ilegales, en Chihuahua, uno de los lugares con mayor sobreexplotación, lo cual amenaza el abasto de ciudades como Ciudad Juárez, Chihuahua capital, y otra entidad es Zacatecas, dijo.
En tanto, el coordinador de Operación Política de la bancada morenista, Pedro Haces Barba, dijo que en el país hay una crisis hídrica que afecta 150 depósitos.
“Las reformas a la Ley Nacional de Aguas es una de las más importantes, porque el agua es vida y la vamos a cuidar. Y con la nueva Ley (General) del Agua se garantiza que el gobierno tenga el control de los recursos hidráulicos del país, su acceso equitativo y sobre todo su cuidado y aprovechamiento sustentable para garantizar la disponibilidad del agua para las futuras generaciones. Con este nuevo ordenamiento jurídico se fortalece al Estado como rector en la gestión del agua y el derecho al acceso a su consumo”, dijo el también dirigente de la CATEM.
Dolores Padierna, vicecoordinadora de los morenistas en San Lázaro, indicó que la reforma que deriva de la iniciativa presidencial acaba con una ley salinista, creada en 1992, lo que, dijo, son 33 años, de abusos, de acaparamientos, de afectaciones, incluso de desplazamientos humanos.
Padierna Luna coincidió con Ramírez Cuéllar en que las concesiones son heredables, “una herencia automática”.