El mundo experimenta un aumento sustancial de fenómenos climáticos extremos que tiene enormes impactos ambientales, sociales y económicos. Sin embargo, los efectos del cambio climático en salud continúan ausentes de la agenda pública.
El Lancet Countdown es el proyecto más relevante para entender este vínculo, ya que desde 2016 publica anualmente las principales afectaciones en salud atribuibles a eventos climáticos. Coordinado por Stella Hartinger, el informe del Countdown —en su versión para América Latina, publicado hace unas semanas y presentado en Brasil en la COP 30— alerta que la región experimenta una marcada intensificación de riesgos climáticos, entre los que destacan los incendios, las olas de calor y las inundaciones. Notablemente, el 21% del territorio latinoamericano estuvo por lo menos 6 meses en sequía extrema cada año de 2015 a 2024, lo que implica un aumento de 18.6% con respecto a la década de los ochenta.
El informe presenta datos desagregados por país. México fue el tercer país de la región con mayor aumento en la temperatura media anual; alcanzó en 2024 un promedio de 25.7°C, lo que representa un aumento de 1.6°C con respecto al periodo 2001-2010. Estos aumentos desencadenan múltiples problemas en salud. Un ejemplo significativo es el dengue, que aumentó 32% en comparación con la década de los cincuenta. Uno de los datos más relevantes sobre el crecimiento de dengue en México es el cambio de 0.9 a 1.2 en el número básico de reproducción (Ro), un indicador fundamental para entender la dinámica de una epidemia. El Ro indica el promedio de personas que puede contagiar una persona infectada. Cuando este indicador está por debajo de 1, se considera que una epidemia se va debilitando porque de cada 100 personas infectadas, para la siguiente generación de contagio sólo 90 tienen la infección. En cambio, con un Ro de 1.2, por cada 100 personas infectadas, en la siguiente generación de contagio hay 120 personas que la tienen, lo que supone una aceleración de la epidemia. Por ello el dengue es y será uno de los principales temas de salud pública en México.
Importa recordar que los impactos en salud afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos de la población. Aun cuando la región sufrió 13,000 muertes anuales asociadas al calor —un aumento del 103% en comparación con los años noventa— en México las olas de calor tuvieron un impacto 5 veces mayor en bebés menores de un año y 11 veces más en personas mayores de 65 años.
El reporte también señala algunas respuestas de política pública que abordan el nexo entre cambio climático y salud. Destaca, por ejemplo, que en México los servicios meteorológicos e hidrológicos no proveen información para el sistema de salud, subrayando la preocupante lectura institucional de que salud y cambio climático constituyen problemas aislados. Se requieren más ejemplos locales que evidencien el valor de la cooperación intersectorial.
Por su alta mortalidad, las sequías y las inundaciones han sido de las principales catástrofes climáticas a nivel mundial; y México ha experimentado ambas recientemente. Los autores de esta columna tuvimos la oportunidad de documentar la cooperación intersectorial durante una sequía en Nuevo León, una crisis hídrica sin precedentes.
En febrero de 2022, el gobierno de Nuevo León emitió una declaratoria de emergencia por sequía. Desde 2017, los niveles de lluvia comenzaron a disminuir hasta alcanzar su nivel más bajo, precisamente cuando casi toda la entidad presentaba sequía extrema. La capacidad de las presas cayó drásticamente y, entre junio y octubre de 2022, en Cerro Prieto se desplomaron a 1% en su capacidad de almacenamiento. Ese año, el 43% de la población en Nuevo León experimentó inseguridad de agua en el hogar – lo que significa que casi la mitad del estado reportó dificultades para satisfacer sus necesidades básicas de agua, como beber, bañarse y cocinar. Este indicador fue tres veces más alto que la media del país, que fue de 16%.
El gobierno estatal desplegó la estrategia “Resiliencia Urbana en Nuevo León Frente a la Escasez de Agua”, liderada por la Secretaría de Igualdad e Inclusión (SII) y en coordinación con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM). Los esfuerzos para contener la emergencia consistieron en la distribución de agua mediante pipas y cisternas comunitarias, así como la cesión parcial de derechos de agua del sector privado. También se entregaron tinacos para que las viviendas pudieran almacenar agua y se explicó la importancia de colocar tapas en los tambos de agua, donde puede reproducirse el dengue.
Varios elementos ayudaron a la respuesta gubernamental en Nuevo León. Se aprovechó la existencia del gabinete Social, presidido por la SII y se complementó con una mesa de trabajo, en la que participaban diversas secretarías estatales para orientar acciones específicas del despliegue de la respuesta. Por ejemplo, el SADM monitoreaba la disponibilidad de agua, mientras que la SII tomó el papel central del contacto con la población, adoptó tareas operativas como la distribución de tinacos para los hogares, la instalación de cisternas comunitarias y la operación de un call center para conocer de primera mano las necesidades hídricas de la población. Este gabinete también consiguió entablar diálogos con el sector privado, principalmente el empresarial. No se observó el mismo nivel de vinculación con el sector social, lo que implicó desaprovechar uno de los principales motores en las respuestas ante emergencias.
Otro factor clave fueron los sistemas de información que ya tenía la SII. Esto les permitió identificar los hogares de menores recursos, en asentamientos informales, y focalizar los apoyos en las zonas más afectados por la carencia de agua. Con el tiempo, en la SII inclusive pudieron incluir la inseguridad de agua dentro de sus instrumentos de recolección de datos para diseñar y asignar su política social.
Uno de los hallazgos más sorprendentes es que la coordinación con el sector salud se limitó a garantizar el abasto de agua en instalaciones estratégicas, como hospitales, y a considerar la inocuidad del agua distribuida en las cisternas comunitarias. Lo anterior pone en evidencia la ausencia del reconocimiento de la salud como una de las dimensiones más afectadas por fenómenos de cambio climático. Habría sido fundamental contar con información de indicadores de salud poblacional como deshidratación, diarrea infantil, salud mental y dengue.
Una de las caras más visibles del cambio climático será su impacto en salud. Los sistemas de protección social y de salud tendrán que habituarse a identificar y a responder a una mayor frecuencia y diversidad de eventos climáticos; algunos lentos y persistentes, como las sequías y el calor, otros súbitos y devastadores, como las inundaciones, y unos más ocultarán su relación con el clima, como el dengue. Proyectos como el Countdown facilitan anticipar el tipo de riesgos que se avecinan, pero la cooperación intersectorial será fundamental para responder a estos fenómenos complejos: ningún sector puede hacerlo solo. Casos como el de Nuevo León pretenden ser un ejemplo de cómo los estados pueden prepararse ante estos riesgos. Sigamos documentando cómo la crisis ambiental es también una crisis de salud pública que nos afecta a todos, aunque no en la misma intensidad.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, CDMX
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
* Los autores trabajan en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE)