En un contexto nacional donde la extorsión se ha convertido en uno de los delitos que más lastiman a las familias, a los comercios y a la tranquilidad social, Coahuila avanza con decisión. El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, con las que no solo armoniza su legislación local con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, sino que además amplía su alcance institucional para combatir este delito.
Con esta aprobación, Coahuila se coloca entre los primeros estados del país en cumplir con la armonización legal y se convierte en pionero al crear una Unidad de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrita al Centro Estatal de Atención de Emergencias y Contacto Ciudadano. Una medida que fortalece la prevención, la investigación y la atención a víctimas, y que refuerza el blindaje de seguridad que distingue al estado.
El dictamen, derivado de la iniciativa presentada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, reconoce que la extorsión ha dejado de ser una práctica aislada para transformarse en un mecanismo sistemático de control territorial y financiamiento del crimen organizado. Frente a esa realidad, la respuesta institucional debía ser clara y contundente.
A nivel federal, la nueva Ley General establece un marco jurídico integral que tipifica la extorsión de manera uniforme, fortalece las capacidades de investigación y sanción, e incorpora mecanismos de protección, atención y reparación del daño para víctimas, ofendidos y testigos. Las entidades federativas estaban obligadas a armonizar su legislación; Coahuila decidió ir más allá.
La reforma aprobada no se limita a un ajuste legal. Impulsa un modelo integral que privilegia la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, la eficacia en la persecución del delito y la protección del patrimonio y la tranquilidad de las familias coahuilenses. Al adoptar un tipo penal homologado a nivel nacional, se brinda mayor certeza jurídica, se evitan interpretaciones dispares entre estados y se facilita la actuación coordinada de las autoridades.
Además, se fortalecen las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública en materia de prevención y combate a la extorsión, incorporando herramientas tecnológicas y mecanismos de georreferenciación, fundamentales para enfrentar un delito que suele operar desde el anonimato y con una alta cifra negra.
La aprobación de estas reformas confirma que en Coahuila la seguridad no se improvisa: se construye con leyes claras, instituciones sólidas y decisiones que ponen en el centro la tranquilidad de la gente.