La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Reem Alsalem urgió al Estado Mexicano a destinar recursos para fortalecer las políticas públicas y las estructuras institucionales destinados a proteger a las mujeres y niñas pues recordó que las leyes por sí solas no son suficientes sin financiamiento.
“Una norma sin recursos y sin estructuras adecuadas para aplicarla no produce los resultados que se buscan”, advirtió
La funcionaria de la ONU se reunió este miércoles con la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, donde destacó la falta de casas de protección, la impunidad en casos de femicidio y la ausencia de rutas claras para la atención de víctimas son retos persistentes.
La relatora también alertó sobre la reducción del perfil institucional de las políticas para las mujeres en varios países, donde ministerios o comisiones especializadas han sido fusionados o degradados a subsecretarías, dificultando la medición de resultados y la implementación efectiva de programas.
Durante su intervención, Alsalem reconoció los avances legislativos de México en materia de equidad y protección, pero subrayó que las leyes por sí solas no son suficientes pues se requiere dotarlas de recursos para que funcionen.
Otro punto central de su mensaje fue la necesidad de aplicar un enfoque interseccional real.
Alsalem explicó que muchos gobiernos priorizan solo a ciertos grupos vulnerables, dejando invisibilizadas las necesidades de otras mujeres, especialmente indígenas, de minorías sexuales, religiosas o étnicas.
“Para lograr equidad sustantiva, hay que adoptar medidas especiales y reconocer a las mujeres como categoría material específica”, puntualizó.
En cuanto a temas sensibles como prostitución y gestación subrogada, la relatora calificó como preocupante la tendencia a normalizar la explotación de las mujeres y niñas.
Sobre la prostitución, presentó como modelo a seguir el modelo nórdico, que penaliza la compra de actos sexuales y ofrece apoyo integral a las víctimas, destacando que la mayoría de quienes ejercen la prostitución son mujeres y niñas, mientras que los compradores son en su mayoría hombres.
En su informe, Alsalem advierte que la prostitución constituye un sistema de violencia y violación de derechos humanos, que se ve agravado por la globalización, las crisis económicas y los conflictos.
Respecto a la gestación subrogada, señaló que se debe analizar desde la perspectiva de derechos humanos y no solo como un acuerdo privado entre clínicas y solicitantes.
La evidencia, dijo, debe guiar la regulación para evitar la explotación de las mujeres gestantes.
Alsalem concluyó su participación señalando que México ha avanzado en varios frentes, pero que el fortalecimiento de recursos, estructuras institucionales y políticas con enfoque de género es clave para garantizar la protección y la equidad para todas las mujeres y niñas en el país.