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Consumado está: siete organismos que cubrían necesidades de la vida en común y ejercían funciones vitales del y para el Estado mexicano, desaparecen. La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Adiós a todo eso.
Los siete, fueron creados con una buena lógica: las tareas de arbitraje y evaluación no pueden ser instrumentadas por una de las partes en juego ni por el propio sujeto evaluado, en cambio, debe hacerlo un ente distinto, con reglas claras, dotado de la mayor imparcialidad posible, amén de contar con especialización y solvencia técnica.
¿Era una mala concepción?
En absoluto. Esa idea partía del hecho simple que el sentido común reconoce: no se puede ser juez y parte, parte y juez en un proceso legal, llámese licitación, otorgamiento de concesiones, fijación de límites o solicitudes de información. Este reconocimiento coaguló en lo que México conoció como “órganos autónomos”, hayan sido parte de la Constitución o hayan sido radicados en las leyes, y su existencia trajo beneficios plausibles y mensurables a la sociedad y la economía mexicanas porque las personas, las organizaciones o las empresas -todo dios- tenían una instancia a la cual recurrir para reclamar derechos… no a la misma a la que se lo estabas exigiendo.
Pues bien, esto es lo que ha desaparecido como producto de la voluntad destructiva de una mayoría congresual que votó eso sin chistar siquiera. Nos trasladamos así a una etapa política más discrecional, opaca y arbitraria, pues el gobierno tomará las decisiones sin otros límites que los que él mismo fije, mientras la sociedad ve disminuidos los instrumentos que defenderán sus derechos. El retroceso es enorme y, cumpliendo puntualmente la sentencia de Norberto Bobbio, a mayor concentración de poder (atribuciones, facultades) menos derecho de los gobernados (El tiempo de los derechos, edit. Sistema, 1991).
Quizás el caso más claro es el del INAI, porque de todos los órganos autónomos que desaparecen, fue el más abarcador y universal, pues toca a toda la administración pública federal en todos sus campos (desde salud a educación, de seguridad pública a cultura), y a todos los gobiernos estatales y municipales del país. Su existencia, además, había sido acompañada de un debate y una pedagogía pública permanente y consistente a lo largo de todo el siglo XXI.
Comenzó como una demanda de organismos de la sociedad civil y periodistas (el grupo Oaxaca), prosiguió desde el propio (entonces) IFAI, como un movimiento nacional para cincelar el derecho de acceso a la información en la constitución y cristalizó finalmente en los años 2011-2013 constitucionalizando, a su vez, al Instituto y convirtiéndolo, ya no en una autoridad federal sino en una autoridad nacional.
Todas estas reformas y edificaciones fueron acompañadas por todas la fuerzas políticas del país, incluyendo muchos de los que hoy forman parte de la corriente oficialista que han mudado de opinión o simplemente guardado mutis para obedecer y complacer a su gobierno autoritario.
Quiero decir la existencia de un órgano autónomo por la transparencia fue fruto de la deliberación pública, abierta, cuidadosa y pluralista. Su desaparición, en cambio, es producto de una mayoría que llegó a serlo por maniobras espurias sin debate, ensimismada, cuya única vocación es complacer al líder.
La pregunta al gobierno se convirtió en una institución que rápidamente se incorporó a los hábitos de la ciudadanía, las organizaciones sociales, el periodismo. Todos ellos pierden no solo a un organismo garante, sino también a un aliado porque el INAI tenía como obligación difundir el derecho todos los días y naturalizarlo dentro de nuestra vida social y política.
En cambio, con el esquema de sustitución que propone el gobierno, el acceso queda al arbitrio del mismo sujeto exigido, como si en veinte años no hubiéramos aprendido que el motor del acceso y transparencia es la demanda pública y externa por los documentos oficiales. En el modelo que se promueve, son las contralorías internas las que quedan a cargo de resolver las solicitudes de información, pero ¿quiénes nombran a las señoras y señores contralores? Pues el ejecutivo federal y las y los gobernadores, es decir, se apuesta por la autovigilancia, una extraña idea de “auto rendición de cuentas” que para cualquiera con dos dedos de frente, resulta en una simulación. Yo mismo me vigilo, yo mismo determino que información entregar y cual no. El derecho se desvanece.
Llamo la atención del otro ingrediente que hace parte de esta maniobra, y es el hecho de que la cascada de nombramientos, arranca desde la presidencia de la República, los secretarios de estado hasta llegar a las contralorías, una alineación vertical que convertirá al derecho de acceso a la información -en última instancia- en un resultado de la voluntad, oportunidad o complacencia del ejecutivo. No hay ni la mínima intención de maquillar este propósito centralizador, sino al contrario, en el dictamen se subraya que se trata de depositar en quien ha sido electa por el pueblo, la potestad, convirtiendo a la presidencia en el gran árbitro, también, del acceso a la información en México (https://bit.ly/3Zu7ZKC).
Finalmente, la coalición gubernamental lanza una buena cantidad de guiños al ejército repitiendo una y otra vez que la “seguridad nacional” es la más absoluta prioridad, dando a entender así que el acceso y la transparencia están invariablemente subordinados a aquella, entendida (la seguridad nacional) como todo aquello que hacen las fuerzas armadas.
Los pasos hacia atrás continúan y con estas novedades autoritarias queda garantizada su prevalencia. Pieza por pieza, México está dejando de ser una nación democrática para dar paso franco a la opacidad, la arbitrariedad y el secretismo.
Recuérdenlo con Bobbio: a mayor concentración de poder, menos derechos.