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No sorprendió la denuncia que en días pasados, en una mañanera, hizo el actual director del INFONAVIT, el agrónomo Octavio Romero, acerca de una red delictiva que operó entre el 2014 y el 2022 con una estafa de 1,200 millones de pesos, por la venta repetida en innumerables ocasiones de las mismas viviendas. En esa etapa el Instituto estuvo dirigido por el hoy miembro de Morena, Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca, de larga trayectoria priista, que de la noche a la mañana se convirtió al morenismo, arropado por el expresidente López Obrador; también lo dirigieron en ese mismo período, David Penchyna y Carlos Martínez.
Si de verdad el segundo piso de la 4T combatirá en serio la corrupción, tendría que abrirse una investigación a la gestión de estos tres directores que solaparon dicha estafa.
La amplia presentación hecha por Romero se pensó para justificar la iniciativa de reforma a la ley del INFONAVIT, mediante la cual el oficialismo pretende transformar al Instituto en una empresa constructora como ya sucedió en el pasado, fracasando rotundamente. De aprobarse la reforma, los representantes del gobierno de la 4T tendrían en el Consejo del Instituto mayor fuerza que los representantes de los patrones y de los trabajadores. Aun cuando los recursos del organismo, que ascienden a 2 billones de pesos, aparte de los más de 600 mil millones en la subcuenta de los trabajadores que han solicitado un crédito hipotecario, no desaparecerían, el riesgo que se corre es que estos recursos se utilicen de manera discrecional ya que no existirá una adecuada supervisión de las autoridades financieras, ni del Consejo Tripartita del INFONAVIT.
Ante este escenario, y de acuerdo a experiencias tenidas en el pasado en casos similares, los rendimientos de la subcuenta de los trabajadores, podrían verse mermados por una mala decisión en su administración, lo cual no se ve difícil que ocurra, sobre todo bajo la dirección de Octavio Romero, cuyo pésimo desempeño como director de Pemex está más que acreditado por la situación en que dejó a la principal empresa del estado, en buena medida, por su nula experiencia en el sector energético y la empecinada y equivocada estrategia de la defensa a la soberanía energética del anterior gobierno, sin importar poner en peligro la viabilidad financiera de Pemex.
La realidad es que ni los empresarios y mucho menos los trabajadores ven con simpatías el proyecto de Reforma al Instituto de la vivienda. Estas posturas y la de otros sectores de expertos en el tema financiero, provocaron que el líder de los diputados, Ricardo Monreal, pospusiera el análisis y aprobación del proyecto de ley para el próximo período de sesiones con el fin, dijo, de escuchar todas las voces.
Pero si la mecánica va a seguir la lógica de la aprobación de la Reforma al Poder Judicial, cuando se abrió un parlamento abierto, cuyas opiniones no tuvieron ningún peso y finalmente la mayoría de Morena en el Congreso aprobó la reforma, en medio de innumerables críticas de expertos constitucionalistas, los partidos de oposición, trabajadores del Poder Judicial y amplios sectores de la sociedad, entonces puede ocurrir lo mismo, aunque en este caso el sector patronal y los sindicatos sí tendrán una fuerza decisiva que deriva de sus propias contribuciones al fondo que se mantiene en el INFONAVIT.
EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA EVADEN MILLONES AL SAT E IMSS
Un sector en el que deben poner la lupa tanto el SAT, que dirige Antonio Martínez Dagnino, como el IMSS de Zoé Robledo, es el de la seguridad privada. Se lo comento porque diferentes investigaciones periodísticas apuntan a que este sector es uno en los más se evade el pago de impuestos y las cuotas obrero patronales.
Incluso empresas de este giro que prestan sus servicios a instituciones públicas presentan discrepancias entre los datos publicados en la plataforma Compranet y sus declaraciones presentadas ante el SAT. Los casos más visibles son los de SERPROSEP, S.A. de C.V., y LAUMIR Empresa de Seguridad Privada, S.A. de C.V., las cuales tienen registrados según esta plataforma 3,456 y 1,265 guardias de seguridad respectivamente, cifra que no coincide con los registros ante el IMSS.
Se calcula que tan solo SERPROSEP adeuda entre cuotas obrero patronales e impuestos como el IVA e ISR una cantidad superior a los 100 millones de pesos, mientras que LAUMIR presenta diferencias en estos mismos rubros por más de 20 millones de pesos.
Estas dos empresas han participado de manera conjunta en procesos licitatorios, resultando beneficiadas con contratos millonarios, aun cuando ambas incurren en prácticas ilegales que afectan el salario de sus trabajadores, y causan un quebranto económico al IMSS por no pagar el 100 por ciento las cuotas que les corresponden.
@fer_martinezg