BúsquedaEn el año 2004, el 12 de diciembre, exactamente, cuando en una tradición a veces interrumpida en la ciudad de México se celebra la Corrida Guadalupana, la República del Perú puso un ejemplo en el mundo taurino: declaró la tauromaquia y la gallística (peleas de gallos), como parte de su patrimonio cultural.
Cómo una pequeña digresión recuerdo: sin la tradición gallera, Prudencio Aguilar estaría vivo y no se habría desarrollado Macondo; Santa Anna no habría apostado a “Patas de plata” y el Coronel no tendría ni siquiera una emplumada pelea final, para oponer su victoria soñada frente a la desesperanza originada por un gobierno incumplido y olvidadizo.
Pero volvamos a la realidad. En aquella ocasión Mundotoro publicó:
“La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República de Perú aprobó con 11 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, declarar la tauromaquia y la gallística como patrimonio cultural del país. Esta declaración sirve para ensalzar la tauromaquia y las peleas de gallos como manifestaciones culturales y expresiones del pluriculturalismo nacional peruano.
“La iniciativa busca salvaguardar y promover estas prácticas tradicionales dentro del marco del derecho fundamental al acceso a la cultura. Además, la declaración sugiere que el Ministerio de Cultura incorpore ambas manifestaciones culturales dentro de las festividades patronales de diversas ciudades y comunidades del país.
“A través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se otorga la responsabilidad de fortalecer el turismo asociado a estas actividades. Esto incluye fomentar el desarrollo sostenible de eventos taurinos y gallísticos, así como asegurar la protección de las razas de reses de lidia y gallos de pelea originarios de Perú”.
En México, 21 años más tarde, el congreso de Aguascalientes toma una medida similar:
“ (R).- Por unanimidad, los diputados del Congreso de Aguascalientes aprobaron ayer elevar la tauromaquia, la charrería y los gallos a un grado constitucional, lo que representa un blindaje para tres actividades de carácter cultural, tradicional y económico.
El presidente de la mesa directiva, Luis León (homónimo del primer presidente del PNR), enunció:
“… Se eleva a rango constitucional, dentro de los derechos culturales, a la charrería, la tauromaquia en su usanza tradicional. También se protegen las peleas de gallos y las actividades ecuestres, todos pilares de nuestra Feria Nacional de San Marcos”, detalló.
Lo notable de este decreto legislativo, además de su defensa cultural es la previsión de preservar los festejos “en su usanza tradicional”, con todo y los votos de Morena, para evitar la falsificación caricaturesca y de befa, impulsada por el gobierno de la ciudad de México con un remedo de fiesta tan desnaturalizado e ignorante, como para no llegar siquiera a la condición circense.
Sin embargo esto no será suficiente en el futuro, porque la pregunta de hace unos días sigue siendo la misma:
--¿Las expresiones culturales valen por sí mismas o dependen del respaldo legislativo para sobrevivir? ¿Si el congreso de Aguascalientes o el de Tlaxcala o de Jalisco; Michoacán o Lima, sujetos a vaivenes políticos en su conformación, dictaminaran lo contrario entonces el valor patrimonial desaparecería o hay algún recurso para convertir esta declaratoria en asunto pétreo?
Pues no lo hay.
Si el “wokismo” animalista avanza, como de seguro lo hará porque “la conjura de los necios” (Jonathan Swift) es incontenible, otros integrantes de otro Congreso podrían decidir lo contrario.
La hondura de la raíz taurina de México supera en tiempo al culto guadalupano, por ejemplo. Y como él, es una adaptación sincrética de costumbres y/o creencias peninsulares, componentes del mestizaje nacional.
--¿Se necesitaría una declaratoria del Congreso o un texto constitucional para confirmar la fe guadalupana como patrimonio cultural, haciendo de lado el tema de la fe?
Con las diferencias obvias, la tauromaquia mexicana, distinta de la española en muchos aspectos, no debería requerir esos frágiles escudos legislativos; en todo caso debería ser una satisfactoria confirmación de los valores nacionales transmitidos a lo largo del tiempo.
En ese sentido los valores populares chocan a veces con las definiciones legislativas. Si la Constitución nos garantiza un Estado Laico --lo cual se cumple a medias--las tradiciones populares obligan a actos de gobierno en sentido contrario.
El gran escenario de la pasión de Jesucristo en Iztapalapa el Viernes Santo con el Cerro de la Estrella como cima --Gólgota por un día hasta para la 4-T--, no es solamente una expresión religiosa; es una tradición popular, parte del patrimonio de los mexicanos, como sucede con los “encruzados” de Taxco o cualquier otra de las manifestaciones de culto católico-cultural en la República.
Y a nadie se le ha ocurrido consagrar en la constitución ni de un Estado o la General de la República el derecho de tomar las calles en actos procesionales y de culto externo para los cuales la 4-T cierra hoy las avenidas; moviliza miles de policías; observadores de Protección Civil y paraliza la alcaldía para cualquier otra cosa, como se hizo durante el largo cacicazgo de Clara Brugada y desde 1843 estuviera quien estuviera al cargo del gobierno local o federal; despliega todos sus recursos y se asume, por encima del subvencionado patronato de los festejos, como una autoridad de culto-patrimonial. Mejor el disimulo.
Y ni quien chille.
“Con las cosas del pueblo --dijo el Mesías de Macuspana en ocasión de un robo sacrílego terminado en linchamiento-- no hay que meterse.”
TRUMP
Las acciones dañinas a México siempre se presentan después de los elogios de Mr. Donald a la presidenta Sheinbaum. Su talante le parece maravilloso, su condición femenina notable, su talento, excepcional. Pero después viene el trallazo.
Así fue con los aranceles al aluminio, al acero; a la industria automotriz, con los migrantes, así con los tomates, con el terrorismo, con el agua…
--¿Qué viene ahora? Quien sabe, hasta hoy no hemos ganado nada.