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El problema de fondo es que el gobierno de México se entera de cuestiones cruciales en el ámbito del crimen organizado cuando se publican en la prensa. Unas veces reacciona bien y otras no tanto, pero la clave es esa, que se trata de una reacción ante un hecho consumado.
Eso ocurrió con la decisión del Tío Sam de recibir en su territorio a 17 familiares de Ovidio Guzmán, alias el Ratón, como parte del acuerdo para que ese hijo del Chapó se convierta en colaborador de las agencias norteamericanas. ¿Cómo pudo montarse un operativo de esas dimensiones sin que se detectará ninguna señal en los radares de las agencias de inteligencia mexicanas? ¿No se le daba seguimiento a la mamá de Ovidio e Iván Archivaldo? Muy raro.
Los expertos en seguridad comenzaron a darle seguimiento cuando vieron a la parentela en la garita de Sin Ysidro, Tijuana, con todo y maletas, demasiado tarde. Se han registrado algunos pataleos, pero hasta ahora sin resultados.
El hecho es que Estados Unidos decidió que lo mejor para sus intereses era blindar información sustantiva. Así se quedó con el Mayo y con la familia de Ovidio. Si la estrategia le sigue dando resultados no la cambiará. Acaso el nuevo embajador, Ron Johnson, curtido en las filas de la CIA, puede abrir un canal de comunicación.
Destruir las pruebas
La jueza Tina Galeana es un personaje clave en el entramado de encubrimientos del caso Ayotzinapa. Ella era presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero en el momento en que se registró la desaparición de los normalistas.
Pesa sobre ella una acusación muy grave: la destrucción de evidencias sobre lo que ocurrió la noche triste de Iguala. Se apropió ilegalmente de videos tomadas esa noche que pudieran ayudar a esclarecer lo sucedido. No se sabe si la abogada destruyó los videos o se los entregó a alguien.
Galeana está por cumplir ochenta años y fue detenida en céntrico domicilio de Chilpancingo. De manera que no se fue a ningún lado, se quedó en el estado. Por su avanzada edad y sus problemas de salud es muy probable que siga su proceso bajo arresto domiciliario.
Ella, en su momento, justificó su decisión de desaparecer los videos porque tenían graves fallas técnicas, ya se verá si sostiene esa versión.
Defensa en bloque
Casi nunca ocurre, pero esta vez el espanto los unió. Todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados externaron su rechazo absoluto al plan de ponerle impuestos especiales a las remesas que los trabajadores mexicanos envían desde Estados Unidos. La calificaron como una idea abusiva y discriminatoria. Lo es sin duda.
Los impuestos no detendrían el envío de reservas, obligaría a los trabajadores a buscar medios poco claros para hacerles llegar dinero a sus familiares. No se resuelve un problema, se generan varios nuevos que atentan contra la dignidad de los trabajadores migrantes.
Las remesas ya pagan derechos para trasladarse a México a través de circuitos financieros formales. Subir los impuestos sacaría ese dinero de los bancos, afectando a la banca en ambos lados de la frontera.
De clavado sincronizado
La voluntad política hace la diferencia en todos los ámbitos. Ahí está el ejemplo de Rommel Pacheco, el yucateco director de la Conade, y Mari José Alcalá, también clavadista de élite, pero ella nacida en la CDMX y ahora directora del Comité Olímpico Mexicano, que pudieron desenredar la enmarañada problemática de los deportes acuáticos en el país.
La anterior titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, que desapareció del escenario público a gran velocidad, simplemente no quiso solucionar el conflicto. De hecho, la sonorense fue parte del problema y no de la solución. No se olvida que mandó a las integrantes el equipo de nado sincronizado a vender calzones para tener dinero para su preparación.
Los especialistas dicen que se trata de un momento histórico para los deportes acuáticos en el país. Ahora hay respeto y voluntad de transparencia en el uso de los recursos públicos. Que sea para bien del deporte en México.