¿Identidad o legitimidad? No son opuestos.
Muchos salieron a votar para reivindicar su pertenencia al movimiento plataforma del cambio de régimen. Contribuyeron a la legitimidad del proceso respecto del cual la oposición, como nueva evidencia de su rezago intelectual y político, no pudo concentrarse ni en oponerse ni en construir alternativas a quienes presuntamente detesta finitamente. Si hubiera dispuesto energía política no habría presentado un mitincito tan legítimo como pequeño de 4 mil 250 personas.
Refundada en la comunión identitaria, la participación de la ciudadanía mayoritaria encabezada por el obradorismo inicia ahora el debate sobre el significado de una participación electoral de alrededor de una sexta parte del total del electorado.
La oposición no se decidió a una visión unitaria. Le habría permitido espacios precisamente aprovechando las reales complicaciones de una primera elección popular del Poder Judicial. El expresidente Andrés Manuel López Obrador se mostró triunfante de aquello llamado por los opositores como “venganza contra el Poder Judicial”, de una manera menos escueta al “viva la democracia” lanzado dos veces por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo antes y después de emitir el sufragio.
Ciudadanía como fundamento hegemónico aun cuando solo una proporción determinó participar. Muchos con el “apenas entendiendo”. Muchos de tin marín. Muchos con los acordeones de distribución prohibida, pero uso permitido. Como en el consumo de drogas: el problema no es quién decide, sino quién y cuánto se consume.
El modelo de designación por ternas del Ejecutivo, extinto a partir de este domingo, palomeadas por el Senado, produjo un sistema de cooptación cruzada, con el riesgo de convertir a los juzgadores —en lo teórico los árbitros imparciales por excelencia— en operadores funcionales a poderes de facto.
“Esta es la gran transformación que vive nuestro país”, definió la Presidenta Sheinbaum al proceso donde se eligieron a 881 jueces y magistrados federales, a partir de una reforma iniciada por el expresidente López Obrador. Elecciones únicas en su historia e inéditas en cualquier otro país, dada su magnitud, incluso con una proporción minoritaria del electorado total.
El Poder Judicial mexicano enfrenta un problema de legitimidad frente a la ciudadanía: es percibido como distante, opaco y elitista, desconectado de la sociedad. Hasta ahora. Veremos si fue o no una falacia modificar el método para encontrarse con los mismos riesgos de ineficiencia o corrupción.
Una jornada visualizada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, como el inicio de la transformación hacia una institución democrática, cercana a las y los ciudadanos, producto de una elección popular en otro paso del nuevo pacto social entre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la ciudadanía, definidor del cambio de régimen iniciado en 2018.
Thomas Hobbes, John Locke o Jean-Jacques Rousseau planteaban una noción de un nuevo pacto social; autores posteriores indican la renovación permanente del contenido del mismo. Donde el gobierno traiciona, el pueblo tiene derecho a rebelarse, coinciden.
Iniciado por López Obrador, continuado por Sheinbaum y Brugada, este pacto puede asociarse a rendición de cuentas, justicia accesible, clara y equitativa, así como abrirse al escrutinio democrático. La elección de ayer es el punto de partida para un Poder Judicial reintegrado al cuerpo del pueblo soberano en términos rousseauianos.
Visión compartida en su esencia desde la institución con mayor legitimidad y confianza ciudadana —cercana al 90 por ciento de la población según el INEGI—, la Marina. En la celebración de su Día, en la Heroica Escuela Naval Militar, frente a la Jefa de Gobierno como testigo, el Vicealmirante Sergio Marín fue concreto: “nuestra decisión es clara” a favor de la participación. Y agregó, México es un mar en movimiento.