Los creadores de la democracia estadounidense advirtieron con claridad el peligro de que el poder ejecutivo, en un momento dado, aspirara a dominar los otros poderes del Estado. Para evitarlo siguieron la regla de check and balances (equilibrios y contrapesos) que Madison explica en El federalista, aunque antes Montesquieu, en su obra clásica, El espíritu de las leyes, había definido antes los tres poderes de la Unión y postulado su separación.
Hoy, siglo XXI, los hechos demuestran que esa arquitectura democrática de tres poderes es insuficiente y es vulnerable frente a los excesos en los que incurren los regímenes llamados “populistas”. Bajo el gobierno populista de México, la separación de poderes ha desaparecido, en realidad sólo hay un poder, el poder ejecutivo, que domina a los otros poderes institucionales, el legislativo y el judicial.
El poder de la presidenta Claudia Sheinbaum es desmesurado: ella puede hacer leyes a modo, manipular juicios, aprobar y derogar normas que convengan a sus intereses personales o partidarios, pero, sobre todo, al tener en sus manos el poder judicial va a poder perseguir y condenar a sus enemigos. Hemos creado un monstruo político similar al de Cuba o Nicaragua.
Los mismos autores de este desaguisado (agrupados en Morena) crearon esta estructura de poder que es la negación de la democracia. En estricto sentido, construyeron una dictadura o un régimen despótico. Una dictadura civil y militar, puesto que las fuerzas armadas actúan en el marco de un pacto o alianza con la presidenta y no hay signos que indiquen que en el corto plazo ese pacto pueda romperse.
Es una dictadura populista y reaccionaria, que se opone al progreso y a la modernidad, aunque México posee una economía industrial moderna y una cultura mediada por las tecnologías modernas, el proyecto político de la presidenta y de Morena es un proyecto regresivo, pobrista, aldeano, enemigo de la genuina educación de las masas, adversario de la meritocracia, que se opone a los intelectuales, al capitalismo, a la meritocracia y al poder de los empresarios.
El futuro de México se ensombrece por la dirección política de una líder con un poder desmesurado y por un partido (Morena) constituido por personas que carecen de una ideología que los cohesione. Lo único que los une es la ausencia de escrúpulos y la ambición. Es toda una generación de trepadores o arribistas, sujetos que no se identifican con ideas, sino que se cohesionan en torno a una extraña retórica que está a favor del pueblo, pero que no se sustenta en ningún fundamento ético.
Esta generación se hizo del poder poniendo en práctica un discurso de odio y un sistema de asignaciones directas de dinero a masas enormes de la población, política que, aunque tiene rasgos de igualitaria, no cumple el principio esencial de la equidad: “dar más a los que menos tienen”. (Lo igualitario no siempre coincide con lo equitativo, de modo que si tú das una beca universal (como la de educación media superior) el resultado último es que reproduces la desigualdad. Eso mismo sucede con las becas universales de educación básica, etc.)
Pero el problema central del país, el desarrollo económico, sigue sin resolverse. Desde 2018, los crecimientos anuales del PIB han sido inferiores a 1% y sólo excepcionalmente alcanzan el 2%. Las naciones que disfrutan de desarrollo (países nórdicos, por ejemplo) tienen políticas de bienestar efectivas porque aplican sus recursos fiscales fundamentalmente para ofrecer servicios como protección, salud, educación, etc. de calidad a sus ciudadanos; en México, por lo contrario, una parte sustancial del presupuesto lo absorben los programas de becas y las asignaciones directas con el descuido–lógicamente— de la calidad de esos servicios.
Si observamos el desarrollo de México desde el ángulo de la educación, comprobamos lo anterior. La captación fiscal es mediocre (México tiene un régimen impositivo que está entre los más bajos de América Latina), en consecuencia, el gasto educativo es mediocre (apenas alcanza el 3% del PIB, aunque la ley ordena que sea un mínimo de 8%), Claro en números absolutos se gasta una cantidad aparentemente exorbitante, pero el sistema educativo mexicano es también muy grande (hay 30 millones de alumnos y 2 millones de maestros) gracias a las políticas inclusivas que se han aplicado históricamente. Los datos puntuales son ilustrativos, en el último sexenio la matrícula en educación básica tuvo una disminución significativa. Además, los salarios de los maestros son bajos (el salario mensual promedio de un profesor de primaria es de 7,800 pesos), los gastos en infraestructura son menores, las escuelas normales siguen en el abandono y, en general, podemos decir que las escuelas de educación básica son pobres y sufren múltiples carencias.
Pero la pobreza del sistema es desigual y es proporcional a la condición social de los alumnos. La primera desigualdad es entre los servicios públicos y los privados; pero aun dentro de los servicios públicos se presentan desigualdades. Hay además hechos que no favorecen a la educación pública: en las escuelas no hay evaluaciones y se sigue una dinámica de “pase automático” de un grado al siguiente. En 2023 se impuso en preescolar, primaria y secundaria un modelo educativo
que reduce el universo social a la comunidad local y que profesa abiertamente una política anti-nacional. Etc.
Cuando el motor (educación) falla, la nación se estanca.