La unanimidad de la Corte Suprema de Estados Unidos, que niega la razón a México en su demanda contra los fabricantes de armas, hace que la sentencia sea aún más demoledora, pero en ningún caso quita el derecho del Estado mexicano a seguir batallando para acabar con el tráfico ilegal de armas y tratar de romper ese círculo vicioso infernal que hace imposible que se pueda ganar la guerra contra el narcotráfico.
Durante el juicio, la parte mexicana sostuvo que su denuncia se amparaba en una excepción contemplada en la Ley de Protección de Comercio legal de Armas de EU, que permite acciones legales cuando una empresa ha violado “a sabiendas” las leyes sobre armas de fuego. Según el equipo legal, quien estuvo acompañado durante el juicio en Washington DC por el jefe jurídico de la SRE, Pablo Arrocha, las compañías demandadas —entre ellas las principales, Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta, Glock y Colt— saben que muchos de los clientes que se acercan a las armerías son intermediarios de los cárteles mexicanos.
Pese a que el fallo reconoce implícitamente que los fabricantes “saben” a dónde van a parar gran parte de las armas de alto poder letal que venden —especialmente en las armerías cercanas a la frontera—, la Corte considera que necesitan pruebas que confirmen este tráfico ilícito. Y es aquí donde la lucha de México se topa contra un muro legal frustrante difícil de escalar, como admite la sentencia:
“No nos cabe duda de que, tal y como afirma la demanda, algunas de estas ventas (a los cárteles) tienen lugar y los fabricantes son conscientes de ello”; sin embargo, prosigue la sentencia, “la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados ayudaron e incitaron a los distribuidores de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos”.
De esta manera, el fallo del Supremo de EU sienta un frustrante (y peligroso) precedente judicial ante futuras demandas, no sólo para las víctimas mexicanas, sino para las estadounidenses: por poner un ejemplo, los familiares de los niños asesinados a tiros en las escuelas (algo dolorosamente frecuente en EU) ya no tendrán posibilidad alguna de ganar una demanda a los fabricantes de armas.
Falta aún por salir el fallo del segundo frente mexicano en la guerra contra el tráfico de armas, el presentado en una corte de Arizona contra cinco armerías, pero el fallo de este jueves lo podría condicionar y decantar de nuevo la balanza a favor de la industria de las armas.
¿Qué se puede hacer ante esta disyuntiva? Seguir adelante, como ya anticipó en entrevista con Crónica el representante jurídico de la SRE, tras el “histórico juicio” del pasado 4 de marzo en la Corte Suprema de EU, en el que, por primera vez, la máxima corte escucho las demandas de México.
“Pase lo que pase, seguiremos haciendo todo lo posible para proteger al pueblo de México de la violencia y del sufrimiento causado por el tráfico de armas hacia nuestro país”, declaró Pablo Arrocha, señalando un efecto colateral beneficioso, a raíz de la ofensiva judicial que comenzó en su día el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard: visibilizar la complicidad de la industria de las armas con el crimen organizado.
Tras el fallo adverso, un giro a la estrategia de México podría ser copiar en lo posible la campaña del gobierno de Sheinbaum contra el fentanilo que tanto gustó a Trump, pero en esta ocasión dirigida a la opinión pública estadounidense para que le quede claro, quiénes son los legisladores que vetan, por ejemplo, que se vuelva a prohibir la venta de fusiles AK-47 en las armerías.
Si la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, protagonizó personalmente una campaña en español para llamar criminales a los inmigrantes, ¿por qué no hacer una campaña en inglés para criminalizar a los que defienden la venta de fusiles que descargan hasta 10 diez balas por segundo, y son las armas favoritas de narcos y los que autores de los tiroteos en EU?
Y, finalmente, un nuevo enfoque en la estrategia legal de México sería centrarse en lo que está pidiendo la Corte Suprema de EU, aunque ello implique empezar desde cero la batalla judicial: acumular la evidencia. Bastaría una prueba sólida del nexo entre fabricantes (o armerías) y los cárteles, o una confesión de un intermediario, para volver a demandar.
Hay demasiadas vidas en juego como para tirar ahora la toalla, tra la valiente cruzada emprendida por el gobierno mexicano.