El gobierno de López Obrador eliminó 109 fideicomisos en 2020, desatando un debate nacional sobre transparencia, austeridad y el impacto en la ciencia, la cultura y la protección civil.
En octubre de 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo una de las decisiones más controversiales de su sexenio: la extinción de 109 fideicomisos públicos, que en conjunto manejaban más de 68 mil millones de pesos. El argumento oficial fue claro: combatir la opacidad y los malos manejos, en línea con su política de austeridad y lucha contra la corrupción. Sin embargo, la medida dividió opiniones y generó protestas en distintos sectores de la sociedad.
“Los fideicomisos se convirtieron en cajas negras donde no había control, donde no había transparencia”, declaró López Obrador en conferencia de prensa, asegurando que los recursos no desaparecerían, sino que serían administrados directamente por las secretarías correspondientes, bajo vigilancia de la Secretaría de Hacienda.
La extinción sacudió a fideicomisos de diversas áreas donde daban el poder absoluto de quienes los ejercían.
Entre ellos:
• El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), utilizado para atender emergencias por fenómenos naturales.
• Fondos destinados a la investigación científica y tecnológica, como los manejados por el CONACYT.
• Fideicomisos que financiaban al cine nacional a través de FIDECINE y FOPROCINE.
• Apoyos para defensores de derechos humanos y periodistas en situación de riesgo.
• Recursos del Poder Judicial y del Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.
El anuncio generó un amplio rechazo entre investigadores, cineastas, académicos, organizaciones civiles e incluso organismos internacionales. Muchos señalaron que si bien era necesario revisar y transparentar los fideicomisos, eliminarlos de manera generalizada sin construir mecanismos alternativos ponía en riesgo derechos fundamentales y actividades estratégicas.
Los partidarios de la medida defendieron que era necesario acabar con estructuras que, en muchos casos, carecían de vigilancia efectiva.
Según Hacienda, algunos fideicomisos no habían sido auditados en años y mantenían recursos inactivos.
El gobierno aseguró que los recursos seguirían siendo utilizados para los fines originales, pero administrados directamente por las dependencias correspondientes. Sin embargo, en la práctica, la ejecución de los fondos ha sido lenta, por ejemplo, tras la desaparición del FONDEN, la respuesta del gobierno ante desastres naturales ha sido ampliamente cuestionada, especialmente durante huracanes e inundaciones en estados como Guerrero, Chiapas y Veracruz.