Naturalmente, después cada jornada electoral hay espacio para reflexionar cuáles fueron sus mayores virtudes, los ajustes que se advierten necesarios y los retos que deberán superarse de cara a futuros ejercicios similares. En el caso de la elección judicial del Estado de México, me gustaría esbozar algunas reflexiones preliminares, considerando que el proceso electoral aun no llega a su fin.
En primer lugar, una vez más el actuar de la ciudadanía, las candidaturas y las autoridades electorales mexiquenses fue ejemplar durante la jornada del pasado 1° de junio. Primera en su tipo en la historia, la jornada electoral judicial 2025 se llevó a cabo sin incidentes y con estricto cumplimiento a cada uno de los procesos previstos en la legislación. Operativamente, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) alcanzó sus objetivos: fueron instaladas el 100% por ciento de las 9 mil 209 casillas. Las Mesas Directivas de Casilla Seccionales Únicas, los órganos desconcentrados del IEEM y los mecanismos de recolección cumplieron su función de manera óptima, gracias a la labor de consejerías y vocalías, Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.
Por otra parte, el gran reto que se identifica tiene que ver con la participación ciudadana. Si bien la participación electoral en el Estado de México, de alrededor del 12.5%, dista mucho de los niveles que hemos registrado en procesos electorales ordinarios, no puede desestimarse que más de 1 millón 627 mil mexiquenses acudieron a las urnas para expresar sus preferencias. Sin lugar a duda, estos números nos servirán para emprender una reflexión cuidadosa y responsable en torno a las mejores alternativas para elevar la participación ciudadana para los futuros procesos electorales judiciales.
No obstante, es fundamental mirar más allá de los resultados inmediatos y concentrarse también en los procesos que los hicieron posibles. La implementación de una reforma judicial —con sus tiempos, mecanismos y, debe decirse, sus resistencias— nos ofrece una oportunidad invaluable para reflexionar sobre las capacidades institucionales con las que contamos para modificar y mejorar las estructuras judiciales. Observar solo una parte del proceso electoral es insuficiente si lo que se desea es fortalecer la democracia y asegurar una justicia más cercana.
Desde una perspectiva de aprendizaje institucional, lo relevante no es solo el desenlace, sino el modo en que las instituciones incorporan experiencias, corrigen errores y mejoran sus prácticas. Este tipo de aprendizaje incremental permite construir capacidades más robustas y generar mayor legitimidad pública. Evaluar con rigor técnico y político la aplicación de la reforma judicial en sus distintas fases —desde el diseño normativo hasta la logística electoral y la participación ciudadana— puede generar una base de conocimiento acumulativo útil para el mediano plazo. En tiempos de polarización, asumir esta mirada reflexiva, alejada de sesgos ideológicos, no solo es necesario sino responsable. Las entidades federativas, como el Estado de México, deben convertirse en un espacio para la evaluación de las políticas públicas y la identificación de las mejores prácticas, con el fin de contribuir a una conversación nacional en torno a la impartición de justicia, las capacidades institucionales y el desarrollo de nuestra democracia.