El Poder Judicial había sido reformado en 1994, en medio de una crisis económica, política y social que exigía cambios ante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los asesinatos de políticos como Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, además del desgaste de un partido hegemónico que llevaba al menos seis décadas en el ejercicio del poder.
Esa reforma trajo consigo la creación de un Consejo de la Judicatura Federal, que tuvo encomendadas las tareas de administración y vigilancia de los tribunales federales, además de generar las facultades del máximo órgano jurisdiccional, entre las que destacan la interpretación de la Carta Magna, con una reducción de ministros de 26 a 11, sin paridad alguna, por supuesto, y menos aún inclusión de integrantes que representaran algún grupo históricamente discriminado. Ese es, en términos muy generales, el añejo pasado del Poder Judicial.
Hacer una completa relatoría de los vicios y anomalías que durante dos décadas se reprodujeron en ese poder llevaría bastante tiempo. Lo cierto es que, desde la academia, se ha documentado la generación de élites y el nepotismo que existía, algo también expresado incluso por quien formara parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro presidente.
La resistencia y la falta de consensos para llevar a cabo de forma más tersa la reforma obligó a que la misma se realizara en un clima de polarización y de tiempos muy acotados, sobre todo para las autoridades electorales, encargadas de organizar los procesos electorales en este país. Así, la autoridad nacional tuvo que lidiar con un buen número de amparos y otras vicisitudes más, como el tema del presupuesto, para poder llevar a buen puerto la elección del primero de junio de 2025.
En cuanto a las entidades, 19 de ellas (entre las cuales destaca el Estado de México) se sumaron a la obligación constitucional de organizar comicios para renovar los poderes judiciales locales.
En la entidad mexiquense, la reforma no tuvo polarización alguna, ya que hubo una importante suma de esfuerzos y consenso por parte de los poderes del estado, que tuvieron presente la realidad política y social, pero sobre todo la necesidad de generar cambios en un poder que poco o nada era conocido por la ciudadanía.
El Instituto Electoral del Estado de México enfrentó desafíos que logró sortear gracias al diseño constitucional de la propia reforma aprobada en la entidad.
Estuvieron en disputa 91 cargos, entre ellos la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, la integración del Tribunal de Disciplina, 30 magistraturas y 55 cargos de juzgadores y juzgadoras de primera instancia.
El resultado fue positivo: más personas conocen lo que hace hoy el Poder Judicial; existió paridad de forma natural y no fue necesaria la aplicación de los lineamientos de paridad. De 30 magistraturas, 16 corresponden a mujeres y 14 a hombres; de los 55 cargos de juezas y jueces, 34 corresponden a mujeres y 21 a hombres.
Sin embargo, a pesar de lo positivo, es importante reflexionar sobre varios temas que nos lleven a ver lo que debe ser modificado y analizado con mayor detenimiento, como es el marco geográfico que se utilizará en 2027. Debe existir una discusión sobre mantener o no el no financiamiento público a las candidaturas, el pautado en redes, boletas más sencillas (lo que podría llevar a pensar que los candidatos sean menos y la criba de los comités mejore).
La determinación concreta en la ley de los casos de empates; los supuestos en caso de que se gane la presidencia del tribunal, pero no la magistratura por la que se contiende.
Los tiempos tan acotados que se tuvieron, por ejemplo, para la impresión de boletas obligaron a que se determinara que fuera mediante adjudicación directa, por un monto de ciento cincuenta millones seiscientos diez mil sesenta y seis pesos 48/100 M.N., y no mediante una licitación pública, que es lo más adecuado.
La discusión del costo que tienen las elecciones es un tema de permanente debate; por ello, debe pensarse en el voto electrónico con medidas de seguridad. Eso facilitaría en gran medida la organización de las elecciones.
Los procesos son perfectibles y la reforma al Poder Judicial requiere ajustes. Por ello, también valdría la pena pensar en una reforma en materia electoral que sea acorde con las necesidades del país y las demandas ciudadanas. La última fue hace 11 años, en 2014; vale la pena tenerlo presente y no temer a los cambios. 2027 está a la vuelta.
* onsejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de México